Especialista en impuestos
Cuando un Estado vive esencialmente de los recursos tributarios, existe siempre una propensión a incrementar los gastos corrientes en perjuicio de la inversión en informática e infraestructura vial, entre otros.
Por ello, la herramienta de la deuda pública es muy valiosa ya que permite financiar, en condiciones preferentes, inversiones que tengan un alto retorno económico y social.
Si esa herramienta es útil en tiempos de bonanza económica, su contribución en tiempos de vacas flacas es aún más crítica.
En la actual gran recesión, para la que algunos ya ven una luz al final del túnel (ojalá no sea de un tren que viene a toda velocidad), los gobiernos, especialmente del llamado Primer Mundo, abrieron el tubo de un caudal inmenso de dinero para salvamentos de entidades financieras, subsidios al desempleo y estímulos para un sector productivo en aguda contracción.
Esos recursos se han originado una deuda pública masiva, y su impacto para el mediano y el largo plazos es innegable.
Según un artículo de The Economist , expertos del Fondo Monetario Internacional calculan que la deuda pública de los 10 países más ricos subirá del 78% del producto interno bruto en el 2007 al 114% en el 2014. El artículo profundiza en el dilema que plantea la coyuntura actual, en la que se deberían frenar medidas drásticas para recortar los déficit fiscales mientras la economía vuelve a tomar fuerza.
Este oscuro panorama pone en evidencia que Costa Rica, a pesar de su recaudación decreciente, tiene mayor margen de maniobra para afrontar esta crisis: su deuda pública había disminuido del 60% del PIB en el 2003 al 38% al cierre del 2008, fruto de una exitosa gestión fiscal.
Obtener ahora créditos muy blandos orientados hacia obras de infraestructura, no sólo apuntala nuestra capacidad de crecimiento económico futuro, sino que, al ejecutarlos, se dinamizarían sectores deprimidos, como la construcción, y se fortalecerían las divisas ante la disminución de exportaciones e inversión extranjera. Por ello, un préstamo tan beneficioso como el de $850 millones del BID debe ser aprobado cuanto antes por el Congreso, como ejemplo de un endeudamiento inteligente para salir más pronto del túnel.
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