Dirección de Asignaciones Familiares

Diputados procuran reforzar control de dinero para pobres

 Desaf podrá cobrar judicialmente ¢70.000 millones de patronos morosos

 Recibirá de Hacienda el dinero para programas de ayuda y lo supervisará

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¿Dónde están los miles de millones que se usan para sacar a la gente de la pobreza?

¿Quiénes son los miles de costarricenses que se benefician con los programas de ayuda? ¿De cuánto sirven estos programas?

Dar respuesta a estos misterios es el gran objetivo que se persigue con el proyecto de reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).

Ese plan, que impulsa la diputada socialcristiana Ana Helena Chacón, fue dictaminado esta semana en la Comisión de Asuntos Sociales. Pasará al segundo lugar del plenario legislativo.

De lograrse su aprobación en las próximas semanas o meses, revolucionará todo el mecanismo de recaudación y manejo de los dineros que leyes y convenios asignan a combatir la pobreza.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que para el 2009 hay 220.000 familias en esa condición.

El primer gran cambio es que este proyecto da autonomía administrativa y presupuestaria a la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares al otorgarle personería jurídica instrumental.

Bajo esa figura, la Dirección de Asignaciones Familiares (Desaf) tendrá capacidad para reclamar dineros que le corresponden por ley, como el 5% de los salarios (planillas) del sector público y privado.

En este momento, el recaudador de esos recursos es la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no le reclama a los morosos.

“Hay miles de miles de millones, como ¢70.000 millones que no podemos cobrar judicialmente. La Caja alega que no lo puede hacer. Este proyecto era importante para rescatar esos dineros que se están perdiendo”, explicó Jorge Baldioceda, director de Desaf.

Con la personería jurídica, la Desaf tendrá presupuesto propio que, según Baldioceda, le permitirá tener los recursos para supervisar los programas de ayuda que desarrollan cerca de 20 instituciones como el IMAS y el Banhvi.

Control. Para lograrlo, hay otros dos instrumentos importantes que también crea el proyecto de ley: el registro único de beneficiarios y los indicadores de impacto.

“No importa si una familia se beneficia de varios programas, lo que queremos saber es si esa familia, después de darle todo, la vamos a seguir sosteniendo en pobreza. La política no es luchar contra la pobreza, sino barrerla”, afirmó la diputada Chacón.

Con ese fortalecimiento se pretende que la Desaf esté en posibilidad de recibir, canalizar y fiscalizar el uso del dinero de los pobres.

De tal forma que si el proyecto se aprueba, para el 2010 el Ministerio de Hacienda le trasladará los ¢160.000 millones del 20% del impuesto de ventas, que también le corresponde por ley a Fodesaf.

“El Ministerio está en capacidad de hacerlo. Es dinero que ya estamos aportando porque nosotros financiamos programas como las pensiones del régimen no contributivas”, dijo Guillermo Zúñiga, jerarca de Hacienda.

Según él, el problema ahora es que el Fondo es una estructura muy rígida, pero esta reforma le da flexibilidad para movilizar recursos a diferentes programas.

De los bolsillos de Asignaciones Familiares se financian 25 programas, entre estos dineros para el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Costarricense del Deporte, aunque no son entidades que trabajan estrictamente en combate a la pobreza. El proyecto abre por lo menos cinco vetas más, como ayuda a la Ciudad de los Niños, en Cartago, y la Torre de la Esperanza, del Hospital Nacional de Niños.