EDITORIAL |
El Instituto Nacional de Seguros y el ICE se imputan, uno al otro, la responsabilidad por el precipitado trámite del reaseguro de daño directo contratado para proteger $5.100 en activos del gigante estatal de la electricidad. Para limitar su riesgo, el INS contrata los reaseguros en el extranjero. En caso de un siniestro, el pago de los daños es reembolsado por la compañía foránea y así se limita el riesgo de la aseguradora nacional. Este año, el costo de la operación aumentó $6.6 millones en relación con el año anterior, pasando de $9,4 millones a $16 millones. La diferencia, desde luego, la pagarán los usuarios de los servicios del ICE.
El INS atribuye el aumento a la crisis financiera internacional y la mayor ocurrencia de siniestros en el sector energético del país, pero no niega haber negociado en condiciones extremas. Cómo negarlo si entre la vigencia del nuevo reaseguro y el vencimiento del anterior medió un día, en cuyo transcurso el INS se habría visto obligado a responder con sus propios fondos por eventuales daños a la infraestructura del ICE. Estos hechos son tercos y apuntan a la necesidad de sentar responsabilidades que, por el momento, están envueltas en la nebulosa de las versiones encontradas.
En primer lugar, alguien debe responder por el grave riesgo del día transcurrido sin reaseguro en un país como el nuestro, azotado por feroces fenómenos naturales. El terremoto de Cinchona, para recordar el ejemplo más reciente, se ensañó con las plantas del ICE con una fuerza que, desafortunadamente, no hemos visto desatada por última vez.
En segundo lugar, es necesario esclarecer en qué medida el encarecimiento de la póliza responde a una capacidad de negociación disminuida por la premura del trámite. Réstesele al monto total la porción atribuible a las condiciones del mercado internacional y sabremos cuánto cuestan la imprevisión y la ligereza, porque si de algo podemos estar seguro, por dicho de los involucrados, es de que ambas existieron. Las diferencias entre las dos instituciones se limitan a rechazar su responsabilidad y atribuírsela a la contraparte.
Según el INS, el trámite comenzó el 9 de febrero, con toda la previsión del caso, y quedó descarrilado diez días antes del vencimiento del reaseguro vigente, por culpa de una tardía petición del ICE para que se recibieran tres cotizaciones en lugar de una. “Dado lo anterior –dice el INS—se procede a abortar el proceso de precalificación y se da inicio a cotizar la cuenta con tres corredores para así dar atención a la solicitud del ICE”. Así de fácil y así de riesgoso, con solo diez días de margen para una contratación de $16 millones, cuya negociación normal habría tardado dos meses, a juzgar por la fecha en que se inició el malogrado trámite. Notable la voluntad de complacer al cliente, aunque se trate de un cliente cautivo del propio sector estatal.
El ICE confirma haber hecho la petición, pero asegura que no fue tardía, porque siempre exigió la presentación de tres cotizaciones. En todo caso, sería interesante saber por qué no le satisfizo el procedimiento aplicado por el INS, consistente en precalificar a cinco corredores para luego escoger la mejor oferta, e insistió en tener tres cotizaciones al final del proceso. Si el ICE no está dispuesto a depositar su confianza en el procedimiento del INS, tampoco debió confiar en la buena marcha del trámite, ausentándose hasta última hora del seguimiento a un trámite destinado a garantizar la totalidad de sus activos.
Esta historia de desconfianza, recriminaciones mutuas e imprevisión entre los dos gigantes estatales, con claras consecuencias para los consumidores de sus servicios, se presta para derivar conclusiones que el lector no dejará pasar, pero en el terreno de los hechos específicos, las conclusiones están a cargo de los obligados a sentar responsabilidades concretas y establecer sus consecuencias.
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