Que los trabajadores decidan

 La suerte de los puertos de Limón no debe quedar en manos de una camarilla

 La jugosa indemnización ofrecida por el Gobierno, amerita una votación libre

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Para definir, de una vez por todas y con absoluta legitimidad, cuál es la posición de los trabajadores de Japdeva frente a la iniciativa gubernamental de abrir y concesionar los muelles de Moín y Limón, la opción es simple y, además, congruente con nuestra tradición democrática y de respeto a la voluntad individual: dejar que los interesados voten.

Es una idea que, en el via crucis de negociación con los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), ha sido planteada insistentemente, y con razón, por el ministro de Coordinación Institucional, Marco Vargas. Pero con la misma insistencia ha sido rechazada por la cúpula sindical, más interesada en su poder y prebendas personales que en los intereses de los afiliados; menos, del país.

Ahora, sin embargo, esa propuesta ha surgido en otro frente: el de un grupo de sindicalistas que ya se atrevió a plantearla públicamente, mediante uno de sus representantes, Marlon Pinnock, quien asegura contar con 700 firmas de respaldo para sentarse a negociar con el Gobierno y someter a votación secreta la oferta oficial.

Como ha sido usual en una organización que, como el Sintrajap, ha padecido una dirigencia anquilosada e intransigente, su secretario general, Ronaldo Blear, descalifica la iniciativa de sus compañeros. Según él, son “cinco” y “le están haciendo el trabajo al Gobierno”. Además, cuando se le pregunta si, de existir esas 700 firmas, estaría dispuesto a convocar a una asamblea extraordinaria para realizar la votación secreta, su respuesta es totalmente evasiva: “Vamos a revisar el documento; tiene que cumplir con todos los requisitos”. Traducido al lenguaje usual de esa cúpula: “Haremos todo lo posible por obstaculizar el ejercicio del voto realmente libre”.

Durante el proceso de negociación, la oferta gubernamental ha llegado a extremos de privilegio para los trabajadores como forma de compensación por permitir la apertura de esos puertos.

Originalmente, se le ofreció a cada uno un pago de ¢1,3 millones por cada año de los primeros 20 laborados en Japdeva; a partir de allí, se otorgarían ¢606.000, sin tope alguno. Esto hacía, por ejemplo, que una persona con 25 años en la institución recibiera ¢29 millones al salir, sin ningún impedimento para que fuera contratado posteriormente por los nuevos operadores, ni afectación alguna sobre otros derechos laborales o sociales, como la pensión.

Posteriormente, la oferta fue subida a ¢2,7 millones por los primeros 20 y ¢1 millón por los siguientes años, lo cual implica que un trabajador con 25 años de laborar obtendrá ¡¢59 millones! de indemnización; todo con cargo al fisco; es decir, pagado por el resto de los ciudadanos. A pesar de esta generosidad, y del positivo impacto que la concesión tendría para la ciudad de Limón, la provincia y todo el país, los dirigentes del Sintrajap rechazan la indemnización.

Alguien podría calificar su actitud de incomprensible, pero, en realidad, es perfectamente consecuente con un propósito muy claro: poner los intereses de un minúsculo grupo por encima de la totalidad de los trabajadores y, sobre todo, del interés nacional. De aquí la importancia de romper este nudo indignante, y la mejor forma de hacerlo es mediante la votación libre y secreta de todos los afectados.

Limón, sumida en una serie de problemas, debe y puede despegar hacia un mayor desarrollo y mejores condiciones de vida. Ayer, en una sesión especial del Consejo de Gobierno celebrada allí, al fin se firmó el proyecto y préstamo de “Limón, ciudad puerto”. Es un punto de partida fundamental. Pero de poco servirá si una de las bases clave de su economía, como son los puertos, sigue anclada en la ineficiencia y los privilegios. De aquí la importancia de seguir adelante con el proceso de concesión y de no ceder más ante la inaceptable posición del Sintrajap.