Narcotráfico: prevención y represión

 La lucha contra el narcotráfico no solo debe ser jurídica y judicial, sino, también, preventiva

Fiscal General de la República

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Como es sabido por todas y por todos, el 9-11 –el atentado contra World Trade Center de New York– trajo como consecuencia, entre muchas, el fortalecimiento del perímetro de seguridad de los Estados Unidos de América, de modo que “colocar” en suelo de la Unión Americana la cocaína producida en el sur del continente, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la mafia.

Ahora, el alcaloide se lleva al norte de México, donde las organizaciones de narcotraficantes de ese país lo reciben y lo introducen, con enormes dificultades, en territorio estadounidense. A partir del 9-11, la puerta grande de las drogas ilícitas al mercado de este último país se cerró para convertirse en un embudo, con lo cual los excedentes de cocaína se han redestinado a los países latinoamericanos, con precios más bajos.

Lugar de destino de narcóticos. Las condiciones de Costa Rica y de los costarricenses, mejores que las de los otros centroamericanos, a pesar de las crisis mundiales –económica, energética y alimentaria–, favorecieron que el país se convirtiera, rápidamente, en un lugar de destino de narcóticos ilícitos, y no solo en territorio de tránsito. Esto lo demuestran la mayor cantidad de consumidores reportados por el IAFA, así como la detención de decenas de miles de personas con drogas ilícitas para el consumo.

Sumado a lo anterior, las estratégicas políticas contra los carteles del narcotráfico, tanto del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, como del presidente de México, Felipe Calderón, han hecho que los capos busquen “puerto seguro” en Costa Rica; esto, como consecuencia de nuestras debilidades, que se inician por no contar con normativa adecuada ni herramientas policiales para combatir el crimen organizado transnacional. Somos el proyecto de los carteles de la droga, colombianos y mexicanos.

Después de muchos meses, gracias a la conciencia cívica y patriótica de la mayoría de diputadas y diputados, se vaticina la aprobación del proyecto de “Ley contra la delincuencia organizada”, disponiendo los mecanismos que darán a la policía mejores condiciones de investigación y seguimiento de los carteles que nos invaden.

Sin embargo, aprobado el proyecto, nada garantiza que vayamos a ganar esta lucha. El enfrentamiento no solo debe ser jurídico y judicial que se limita a la represión, sino, también, preventivo.

Política preventiva. Una política preventiva de Estado en materia de narcotráfico, debería apuntar a tres objetivos fundamentales: (i) controlar los precios del mercado de las drogas prohibidas, de tal modo que no resulte atractivo a los carteles venderlas en Costa Rica y así busquen otros países; (ii) empadronar a la mayor cantidad de adictos, para ofrecerles un plan de desintoxicación; y (iii) reducir la inseguridad causada por los crímenes cometidos por narcodependientes, que roban y matan para lograr las dosis del día.

La propuesta es competir contra la cocaína, ya sea el polvo o el crack , con una droga alternativa distribuida por el Estado a los adictos, en forma gratuita y sostenible. Esto debería implicar la caída inmediata de los precios de las drogas prohibidas como el clorhidrato de cocaína; la reducción sensible de hurtos, robos y homicidios, cometidos por adictos, pues no tendrían necesidad de delinquir para obtener dinero para sus dosis; y, finalmente, se tendría un padrón, más o menos exacto, de aquellos a quienes el Estado debe ofrecer un programa de desintoxicación.

No me atrevo a aconsejar cuál droga alternativa, pues eso deben decirlo los especialistas; pero pienso en la metadona, también conocida como dolfina (de ‘dolor’ y finis : fin del dolor), que es un psicofármaco sintetizado del opio, cuyos efectos, similares a los de la morfina, de acción prolongada, han permitido su utilización para tratar el síndrome de abstinencia y la desintoxicación de fármacodependientes.

La propuesta es botar los precios de las drogas prohibidas, reducir la inseguridad ciudadana y conocer a la mayor cantidad de personas adictas, para ofrecerles un plan de desintoxicación. Me opongo radicalmente a legalizar las drogas prohibidas, pues eso significa entregar el país a los capos, que ya tienen las redes de corrupción como para apoderarse del Gobierno y convertir a Costa Rica en un gigantesco cuartel, destinado a la legitimación de capitales y a otras formas de delincuencia, como la trata de personas o el tráfico de armas, entre otros. No debemos olvidar que los narcotraficantes han diversificado, en muchos casos, las actividades prohibidas.

De aprobarse el proyecto de “Ley contra la delincuencia organizada”, tendremos las herramientas para reprimir, pero una droga alternativa abriría las puertas de una buena prevención y de una mejora de la seguridad ciudadana.