Mientras realizan investigación administrativa

Poder Judicial suspende a juez que liberó a supuesto narco

 Medida entró a regir desde ayer y es por un período de tres meses

 Presidencia de la Corte considera inadecuado que juez siga en el cargo

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El Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia suspendió ayer por un período de tres meses al juez penal de Goicoechea, Ricardo Madrigal Jiménez.

La medida se adoptó mientras la Inspección Judicial investiga al funcionario por liberar a un supuesto narcotraficante, sin tener el expediente en su despacho y cuando el caso se tramitaba en otro Juzgado Penal de San José.

Fabián Barrantes, jefe de prensa de la Corte, explicó que la decisión del Consejo Superior no implica una sanción, pues lo que se hace es separar al juez con goce de salario para que se realice la pesquisa sin posibles injerencias.

Barrantes dijo que, tras el proceso, el juez podría ser exonerado de toda responsabilidad y seguir en su puesto, ser suspendido sin goce de salario o bien separado del cargo, pero esa decisión tendrá que tomarla la Corte Plena.

Gestión. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, fue quien solicitó al Consejo Superior analizar el caso, pues consideró que, si todo lo denunciado es cierto, el hecho calificaría como una falta grave.

Mora consideró que no era conveniente que el juez siguiera laborando, pues se podría afectar la credibilidad de la ciudadanía en el sistema judicial.

El juez Ricardo Madrigal dictó , el 6 de mayo, una orden de libertad para el colombiano Harold Cuero Harding, de 42 años.

Lo hizo el mismo día en que un juez penal de San José realizaba una audiencia, notificada a la Fiscalía y a la defensa, en la que se prorrogó por tres meses la prisión del imputado.

Esta resolución no se pudo cumplir porque el extranjero fue liberado de la cárcel de San Sebastián a las 9 p. m. y se fugó del país. El 7 de mayo, el Juzgado Penal de San José giró una orden de captura internacional contra Harold Cuero.

Por estos hechos la Inspección Judicial inició el 13 de mayo la investigación interna, y es paralela a un proceso penal que se sigue en el Juzgado Penal de Goicoechea por dictar una resolución en un caso que no era de su competencia y sin tener a la vista el expediente.

La Fiscalía le atribuye al funcionario judicial el delito de evasión culposa, que es sancionado con prisión de hasta cinco años, según el artículo 62 de la Ley de Psicotrópicos. La normativa prevé la inhabilitación en el ejercicio del cargo por el mismo plazo

Tardío. Precisamente, el Ministerio Público se enteró de la fuga de Cuero el 7 de mayo hacia las 3 p. m., cerca de 18 horas después que el implicado había abandonado la Unidad de Admisión de San Sebastián.

Según consta en un acta del Juzgado Penal de San José, los fiscales Guillermo Hernández y Gabriela Montealegre, de la Fiscalía de Narcotráfico, fueron los que, junto al juez Edgar Castrillo Brenes, llamaron a la cárcel de San Sebastián y verificaron que Cuero había sido puesto en libertad.

Aunque de manera inmediata se giro la orden de captura y el impedimento de salida del sospechoso, todavía no ha sido recapturado, verificaron las autoridades.

Cuero se encontraba en el país como refugiado y tenía una empresa que se dedicaba a la instalación de láminas de gypsum en edificios y casas.

Este hombre había sido detenido el 6 de agosto por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) en Montes de Oca. Ahí le decomisaron 10 kilos de cocaína.