Inicio de obras llevan más de un año de atraso

Incertidumbre rodea a dueños de terreno para nuevo Congreso

 Después de un año, Banco no ha iniciado gestiones de compra de tierras

 Director tico de entidad se aparta por nexo familiar con dueño de terreno

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El retraso en la compra de los terrenos para construir el nuevo edificio del Congreso, genera incertidumbre y problemas a los propietarios e inquilinos del lugar.

Las dos cuadras que el Banco Centroamericano de Intergración Económica (BCIE) planea comprar para construir el nuevo parlamento alberga un amplio menú de locales comerciales.

Tres parqueos, una escuela, una imprenta, dos bares, un teatro, se unen a las oficinas de abogados, fotocopiadoras, despachos de agentes de seguros y de aduanas que dan vida a ese pedazo de San José.

En total son 25 propietarios que más de un año después de anunciado el proyecto, no han recibido notificación, ni acercamientos del BCIE.

“Nadie. Nadie ha venido a hablarnos, lo que sabemos lo sabemos por la prensa”, dice en tono serio y reposado Rodrigo Jiménez, dueño de una de los terrenos a comprar por el banco.

Hoy por hoy, Jiménez es dueño del terreno donde está el Rafa’s Bar, y de la incertidumbre de no saber si le van a comprar o no.

También es dueño del terreno donde está su casa de habitación, y de la cafetería Amaretti, al otro lado de la cuadra.

Este es el caso de Rafael Sánchez, dueño de la patente de Rafa´s Bar, pero no del terreno.

“No sé, nada, lo único que sé lo sé por el periódico”, recalcó.

A la vuelta de la esquina, entre tubas y congos, Jorge Castro, administrador de Ciudad Musical, habló con preocupación.

“No nos han dicho ni una palabra, yo tengo 30 años de tener la tienda en este sector, y necesitamos saber si van a comprar para ver qué vamos a hacer, para saber dónde podemor ir”, reclamó Castro.

Situación similar viven los dueños del condominio La Estación. Son 11 dueños en total que esperan una comunicación de la entidad bancaria para empezar a buscar dónde reubicar sus oficinas.

El condominio está al frente de la antigua estación al Atlántico, y los locales albergan oficinas de abogados, vendedores de seguros y fotocopiadoras.

Guillermo Echeverría, presidente del condominio, recalcó que el problema de la incertidumbre radica en que no saben si hacer o no mejoras al edificio, pues “no tiene sentido invertir en algo que van a comprar para derribar”, recalcó.

Preocupados. Esta situación de incertidumbre también se apropia de los inquilinos de locales comerciales que dan vida a las dos cuadras donde los técnicos de la Asamblea pidieron al BCIE construir el edificio parlamentario.

Su vecina, Estela Rodríguez, dirige la escuela Marissa, con una matrícula de 80 alumnos, y mientras recorre el pasillo hacia el área de juegos, recuerda:

“Un año atrás, un señor que decía que era abogado pasó por aquí dejando su tarjeta, diciendo que nosotros como inquilinos teníamos que defender nuestros derechos”.

Luego de 13 años de estar al costado este del Parque Nacional, Rodríguez asegura que es incómodo para ellos saber que en cualquier momento los mandarán a buscar otro sitio para el centro educativo.

Mientras tanto, el BCIE trabaja en las etapas previas a la negociación de los terrenos, para lo cual necesita contratar los servicios de una empresa corredora de bienes raíces con representación internacional, que se ocupe del trámite.

Pero, mientras en la Comisión de Fiscalización del Congreso tenía información de que la empresa Collier’s International sería la encargada de este proceso, el presidente de esa empresa, Tomás Nassar afirmó que no tienen ninguna comunicación del BCIE al respecto.

Millonario atraso. Los días pasan, y la ansiedad camina en la agenda de los dueños e inquilinos en la zona en la que los ingenieros y arquitectos del Congreso esperan que BCIE levante un nuevo edificio parlamentario, que en teoría tendrá un costo de $96,6 millones, y por ahora, sigue en el papel.