La situación política en Honduras es muy compleja y cambiante.
La semana pasada, Guatemala, Nicaragua y El Salvador impusieron sanciones comerciales a Honduras por un plazo de 48 horas, causando graves perjuicios no solo a los países involucrados, sino también a Costa Rica, que vio interrumpidas sus importaciones y exportaciones con ese país.
Después, el plazo caducó y, gracias a las gestiones del ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, no se prorrogaron.
Al cierre de esta columna no se habían impuesto nuevas sanciones comerciales a Honduras, pero no podemos descartar que se renueven esas u otras similares.
Las preguntas fundamentales que formulamos en el blog esta semana son las siguientes: ¿Se debe castigar a los pueblos por los errores de los gobernantes?, ¿quiénes son los que sufren verdaderamente con el embargo comercial: los gobernantes y políticos o, más bien, los productores, comerciantes y consumidores?, ¿son efectivas las sanciones comerciales para disuadir a los Gobiernos de abandonar posturas contrarias a la democracia?
Abrimos el foro a discusión.
Controversia. Yo nunca he estado de acuerdo con castigar a los pueblos –en este caso, a Honduras–, sino a los políticos o militares por sus errores.
¿Qué culpa tienen los infantes hondureños para merecer los rigores del embargo comercial?
¿Por qué privarlos de leche Dos Pinos, indispensable para la alimentación y salud, si los responsables ni siquiera son sus padres?
Tampoco estuve de acuerdo con el embargo al pueblo de Cuba.
Los ciudadanos no son culpables del régimen político dictatorial impuesto por los militares.
Y, aunque los castigos comerciales son ineficaces para obligar a los Gobiernos a comportarse de cierta manera (Fidel Castro subsistió largos años a pesar del embargo), yo me alegré de los esfuerzos de la OEA para admitir de nuevo a Cuba en su seno, en la esperanza de que los EE. UU. levantara eventualmente el embargo.
Aun así, Cuba decidió no entrar (victoria pírrica para la OEA).
Pero ahora me llama poderosamente la atención la decisión de esos mismos cancilleres de imponer sanciones comerciales a Honduras como si con eso castigaran a Micheletti.
Me parece un contrasentido. O, peor aún, una hipocresía.
El embargo no solo castiga a los hondureños. También castiga a los ciudadanos y empresas de los países que comercian con Honduras, como nosotros.
No veo ninguna razón para dañar a los exportadores costarricenses por algo que está absolutamente fuera de su control.
De nuevo, se ceban en los inocentes.
¿Habrá alguna responsabilidad de los Estados que impusieron el embargo, por los daños y perjuicios causados?
Eso debe estudiarse con detenimiento.
Dijo el ministro Ruiz en declaraciones a La Nación : “El libre tránsito comercial está garantizado en los acuerdos de integración, en el TLC con EE. UU. y Centroamérica. y en los convenios de la OMC (Organización Mundial del Comercio)”.
Yo comparto esa visión. Declaró, además, que “estará vigilante para que eso no se vuelva a repetir”. ¡Excelente!
Yo agrego que actos gubernamentales de carácter político no pueden violar un tratado internacional.
En el caso del Tratado del Mercado Común Centroamericano, los Gobiernos solo pueden imponer restricciones al comercio por razones de balanza de pagos o ante casos de dumping o competencia desleal, pero deben probar los cargos.
La tesis más moderna en los tratados de libre comercio es impedir que, por razones políticas, se cause daño a los empresarios y consumidores. Y eso debe prevalecer.
Pero la lucha no ha acabado aún. Todavía, instituciones internacionales como el BID y el Banco Mundial se empeñan en castigar al pueblo hondureño negándoles desembolsos y la tramitación de nuevas operaciones por razones que son, al final, de carácter político.
Acaso pensaban igual cuando vaciaban créditos multimillonarios a Rusia, que no había tenido ni permitido la democracia. ¡Mala nota para esas instituciones!
De los lectores
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Deslindar los problemas
J. A. Bremner
¿Por qué afectar el comercio tico por las malas decisiones políticas de un país hermano?
No dejemos de lado que detrás de toda actividad comercial posiblemente habrá una pequeña o mediana industria, con personas que trabajan por un sustento. Hay que deslindar los problemas; otras instancias internacionales deben actuar. Además, ¿no se supone que estamos en plena crisis económica? Sería más sano tratar de fortalecer el comercio en lugar de limitarlo.
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Transporte alternativo
Pablo Torre
¿Qué pasa en nuestro país que todo lo queremos mandar por tierra (y en camión, para colmo)? ¿Por qué no pueden mandar productos a El Salvador y Guatemala por mar? ¿Será, acaso, que ellos tampoco tienen puertos que funcionen? Dado que no hay la menor señal de diálogo entre las partes, parece que esto va, por lo menos, para seis meses, si no se complica por la vía de las armas.
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¿Serán ilegales?
José Rodríguez
Concuerdo plenamente con la posición de don Jorge Guardia y de los empresarios de la región en cuanto a su preocupación por el cierre de fronteras. Pero el título del comentario me hace reflexionar: Restricciones comerciales “ilegales”. Lo pongo entre comillas porque esa es, precisamente, la parte que creo más discutible. Definitivamente, cerrar las fronteras constituye un acto de restricción económica y comercial.
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Comerciantes en contra
Julio Ugarte
La Cámara de Comercio de Costa Rica, como representante del sector empresarial más grande del país, se opone a la restricción del intercambio comercial establecido en las fronteras de Honduras, producto de la situación política que vive ese país. No se debe mezclar lo político con lo comercial y sancionar a las empresas exportadoras e importadoras y a los consumidores en general, pues eso sería contraproducente para los mismos países de Centroamérica, cuyo principal destino de sus productos es la región.
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