Página Quince Luis Paulino Mora

Justicia transparente y confiable

 Madurez y capacidad para consolidar nuestro modelo de justicia democrática

Presidente de la Corte Suprema de Justicia

	ENVIAR
	IMPRIMIR
	TAMAÑO

De manera deliberada me he demorado en intervenir ante la opinión pública en el tema que hoy me ocupa, con la seguridad de que, en materia de administración de justicia, poco provechosa resulta la emisión de criterios al calor de las efervescencias que se producen cada vez que se pone en entredicho, por sus acciones, a jueces de la República. Por ello, ahora que está claro que el Poder Judicial no tiene ningún nivel de tolerancia en materia de corrupción y que funcionan ampliamente los mecanismos establecidos para asegurar que los funcionarios judiciales que resulten acusados de acciones incorrectas sean investigados y sancionados –de resultar culpables–, es oportuno aprovechar este espacio para precisar algunos conceptos e ideas que han sido expresados en días anteriores.

En primer lugar, coincido con el editorial de este diario en dar la bienvenida al gremio de los jueces costarricenses en la lucha que libra la Corte Suprema de Justicia contra la corrupción y a favor del mejoramiento de calidad académica y moral de nuestros jueces; en efecto, una proactiva participación de los administradores de justicia es vital en estos momentos en que, como acertadamente apunta el editorial, el crimen organizado en todas sus formas busca aprovechar fisuras como el gremialismo para crear disensiones, recelos y rencillas que le sirvan para introducirse en la institución y, de ser posible, perpetuarse dentro de ella. En buena hora que la judicatura se una al compromiso de transparencia que en todas las áreas del quehacer de la administración de justicia ha emprendido el Poder Judicial costarricense desde hace años, convencido de que la mejor política contra la corrupción es una buena política de transparencia.

Un momento propicio. Con el grado de madurez democrática que ha alcanzado nuestro país, creo que es el momento propicio de abandonar viejos esquemas ideológicos que han sobredimensionado el concepto de independencia judicial fuera de un sano marco democrático de transparencia y rendición de cuentas, que entiende que “la buena justicia ha de ser tan competente como imparcial, tan responsable como accesible y, a la vez ,ser percibida como moralmente confiable” (Toharia). Una justicia verdaderamente democrática debe tener la capacidad de trabajar todos sus indicadores de calidad democrática en forma integral. De poco sirve una justicia independiente que no tiene buenos niveles de transparencia o acceso, y viceversa. El concepto de justicia democrática, por lo tanto, se construye con una serie de elementos que trascienden el concepto de independencia y ciertamente trascienden un enfoque corporativista de la justicia, como ha sido la realidad de muchos países de Iberoamérica.

Nuestro país está listo para dar el paso a un sistema de selección de jueces que les escoja no solo por exhibir calidad académica y amplia experiencia, sino que sea capaz de seleccionar además aquellos con las mejores cualidades morales y éticas. Escoger un juez, solo porque tiene la mejor “nota”, es reducir su función a la de cualquier otro funcionario público, siendo la suya una función que, por su naturaleza, requiere, además, de una demostrada probidad y vocación de servicio, pues en él la comunidad pone en confianza la protección de su hacienda y su honor.

Jueces y funcionarios de calidad. El momento es, entonces, oportuno para trabajar juntos por enrumbarnos hacia la construcción de una carrera judicial que incorpore otros valores que, junto con la capacidad académica, nos ayuden a acercarnos al concepto de juez que reclama nuestra ciudadanía. Puedo decir con orgullo que la judicatura costarricense, a la cual pertenezco desde hace 40 años, afortunadamente está integrada mayoritariamente por jueces y funcionarios que, además de calidad académica, exhiben una gran vocación de servicio y altura moral. Ellos son los que hacen de nuestro país uno de los poderes judiciales más reconocidos de Iberoamérica. No obstante, si los retos de la sociedad moderna exigen mejores y más rigurosos estándares para acreditar cualidades, que antes se daban por sentado, en la función judicial estamos preparados para dar ese paso.

Hemos analizado el tema en el Consejo Consultivo, integrado por los cuatro presidentes de Salas de la Corte, el Vicepresidente y yo, y hemos acordado hacer una revisión de la normativa que rige el tema, tanto de la Ley Orgánica del Poder Judicial como en la de Carrera Judicial y su Reglamento y el de la capacitación para establecer la forma institucional que se debe emplear para suplir las deficiencias en la formación de las carreras universitarias sobre el perfil propio de juez, todo ello tendente a lograr que la persona que sea designada juez de la República esté bien formada académica y moralmente para cumplir con su cometido.

Personas y estructuras. Pero el tema de los jueces y su selección no lo deberíamos ver aislado de una política de transparencia, como mencioné, ya que el tema de la corrupción en los poderes judiciales y, en general, en el sector público es un problema no solo de personas, sino también de malas estructuras. Por eso es importante evaluar las áreas de riesgo en la judicatura y en los órganos auxiliares para construir, a partir de ese diagnóstico, las políticas públicas preventivas que nos permitan estar un paso adelante del problema.

Estimo que el Poder Judicial costarricense, con una solidez de más de 182 años, tiene la capacidad y la madurez para vencer esta coyuntura y, además, consolidar nuestro modelo de justicia democrática.