Autoridades impedirán aterrizaje de avión con expresidente hondureño a bordo
Tegucigalpa. . El canciller del gobierno de facto de Honduras, Enrique Ortez Colindres, dijo esta mañana que las autoridades en el poder ordenaron impedir el aterrizaje del avión donde, presuntamente, vendría al país el depuesto presidente Manuel Zelaya.
Ortez Colindres dijo que, como canciller, instruyó con respaldo del presidente Roberto Micheletti y de las Fuerzas Armadas para que no dejen entrar al avión que, según palabras de Zelaya ayer, tendría previsto llegar a territorio hondureño cerca del mediodía de hoy.
“No es que queramos obstaculizar la llegada de cualquier persona, es que el que debe aprobar el aterrizaje es la Cancillería y nosotros no tenemos conocimiento de quién viene y con quién”, precisó esta mañana el político en declaraciones a la radioemisora local HRN.
El vocero de Micheletti señaló que no están tomando con ligereza el asunto sino que “estamos pensando con la prudencia del caso”.
“Ese avión no va a entrar. Estamos preparados para que ya sea en San Pedro Sula, en Tela, en Palmereola (base aérea hondureña de Soto Cano), donde sea... ya la policía tiene la orden de que no se deje entrar, venga quien venga. De esta forma advertimos al mundo para no incurrir en la imprudencia de que vaya a morir un presidente de la República, se le vaya a herir o se le vaya a faltar el respeto simplemente por el capricho de una organización” precisó Ortez Colindres.
Sus palabras llegaron solo horas luego cuando en la madrugda de hoy, pasada la medianoche, la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) suspendiera de manera inmediata el derecho de participación en la institución a Honduras como efecto del golpe de Estado que expulsó del poder al presidente José Manuel Zelaya.
En resolución adoptada por aclamación por todos los países miembros en la sede de la organización en Washington, la Asamblea encomendó además a su Secretario General, José Miguel Insulza, que “intensifique todas las gestiones diplomáticas y que promueva otras iniciativas para “la restauración de la democracia y el estado de derecho en la República de Honduras y a la restitución del Presidente José Manuel Zelaya”.
“Ninguna gestión implicará el reconocimiento del régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional”, especifica la resolución, que invocó por primera vez el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
El documento encomienda también “a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que revisen sus relaciones con la República de Honduras durante el período de las gestiones diplomáticas”.
Al mismo tiempo, el texto reafirma que Honduras debe “continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos” e insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que “continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”.
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