Violación de derechos constitucionales en la UCR

 La UCR debe defender la democracia en todos los niveles y en todos los espacios

Catedrático, UCR

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En días pasados, la Rectora de la Universidad de Costa Rica (UCR), Dra. Yamileth González, inició la presentación de su informe de labores, correspondiente al período 2008-2009, con las siguientes palabras:

“La Universidad de Costa Rica no puede, no debe y no quiere permanecer al margen de la historia. Su compromiso con la sociedad parte de su propia condición de universidad pionera en el país, de institución solidaria, cualitativa, humanista, una en su diversidad, al servicio del bien común y del mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan el territorio nacional”.

De manera casi simultánea con la presentación de este informe, la Defensoría de los Habitantes constataba que los derechos constitucionales de una persona, que labora en la UCR en docencia e investigación, estaban siendo violados por la Comisión de Régimen Académico.

La gravedad de esta violación se comprende mejor cuando se tiene presente que esta es la Comisión encargada de calificar los atestados del personal académico de la UCR.

En razón de las responsabilidades que tiene a su cargo, esta es una comisión que, por definición, debe proceder con total objetividad, apego a la ley y respeto por los derechos de las personas que someten a ella sus títulos y publicaciones.

El hecho de que algo así ocurra en la UCR es, simplemente, inaceptable. Por su historia, por su relevancia institucional y por su naturaleza misma de ser una universidad en los términos definidos por la rectora González, la UCR está obligada a defender la democracia en todos los niveles y en todos los espacios.

En tales circunstancias, cabe preguntarse qué va a hacer ahora el Consejo Universitario, que es el superior jerárquico de la Comisión de Régimen Académico. ¿Va a proceder a sancionar a los miembros de esa Comisión o, simplemente, se va a desatender del asunto y va a permitir que, pese a la violación cometida, queden impunes?

Puesto que el Consejo define como una de sus principales funciones “fiscalizar la gestión de la Universidad de Costa Rica”, el caso aquí expuesto permitirá, sin duda, conocer los alcances de esa fiscalización y el grado de compromiso del Consejo con lo exteriorizado por la rectora González.

Permitirá, además, determinar si, con la misma contundencia que el Consejo se pronuncia sobre problemas de interés nacional, se pronunciará ahora contra quienes violan derechos fundamentales en la UCR.