EDITORIAL |
El mismo día –30 de junio pasado– en que la Asamblea Legislativa aprobaba en primer debate el proyecto de Ley contra el Crimen organizado, Paul Knierim, agregado en Costa Rica de la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), aseguraba que los carteles de narcotraficantes han variado su estrategia y ahora utilizan Costa Rica como “bodega de almacenamiento” en la ruta de la cocaína desde Colombia hasta su destino en México y en Estados Unidos.
Nuestro país ha ascendido y pasado a ocupar posiciones de vanguardia en el ranquin del narcotráfico. Esto significa que ha crecido y seguirá aumentando el monto de la droga introducida en el país, en medio de la pugna entre sí de los carteles mexicanos, así como de estos con los colombianos; el incremento de la corrupción, como complemento y ámbito de acción; el auge del sicariato y del consumo interno, habida cuenta de que el narcotráfico paga ahora no con dinero sino con mercancía, lo cual se ha traducido, como se ha comprobado, en el negocio del crack y otras drogas muy dañinas, cuya adquisición conlleva un alto nivel de violencia. De este modo, se completa en el país el círculo infernal del narcotráfico.
Por otra parte, el 29 de junio pasado, La Nación informó de que grupos de narcotraficantes “se pasean por las calles de Upala, cantón fronterizo con Nicaragua, exhibiendo su poder financiero y regalando dinero y mercancías para ganarse la voluntad y simpatía de los vecinos, con el fin de comprar su silencio y convertirlos en colaboradores para pasar la droga a Nicaragua”.
Esta es la aplicación de una de las tácticas preferidas por el narcotráfico: la penetración en diversas comunidades para acallar conciencias, expandir su negocio y así impedir la acción del Estado. Se trata de fragmentos de soberanía que el Estado va perdiendo poco a poco, como ha ocurrido en Limón.
Se trata, como expresó Paul Knierim, de organizaciones bien estructuradas, con recursos ilimitados, financieros y tecnológicos, tiempo y experiencia, para hacer lo que consideren eficaz para su negocio. El aumento de la penetración de la droga de Sudamérica a Centroamérica ha crecido en un 70% en el último año. En este juego criminal, Costa Rica ocupa un lugar estratégico.
De aquí, entonces, la importancia de la Ley contra el Crimen organizado aprobada el 30 de junio pasado. Como ante otros desafíos nacionales, llegamos rezagados (el tema se ventiló por tres años y el proyecto se tramitó en un año y tres meses), pero lo que importa ahora es reconocer el esfuerzo legislativo y, de ahora en adelante, poner manos a la obra en los siguientes aspectos básicos de la ley, en lo referente al narcotráfico.
Otras dimensiones de esta ley, sobre todo en el campo de la criminalidad (que no puede desligarse del narco) y de la corrupción, serán objeto de otros comentarios.
Enunciamos los siguientes órdenes de acción prioritarios: primero, ejecutividad (sin nadaditos de perro ni trampas ni pretextos); aporte de recursos económicos y financieros suficientes para aplicarla con razonable eficiencia y sin evasivas o excusas sobre la crisis económica actual; capacitar al personal judicial, administrativo y privado encargado de aplicarla; solicitar la cooperación internacional en este campo, lo cual requiere un planeamiento y una labor inteligente y tesonera; golpear el narcotráfico en su núcleo financiero, corazón del sistema, y convertir la lucha contra el narcotráfico, en todos los órdenes, en una gran estrategia de unidad nacional, sin fisuras ni intereses accesorios.
No debe haber tregua ni descanso. Nos enfrentamos con el reto más poderoso y temible en nuestra historia con el enemigo asentado, desde hace muchos años, en nuestro territorio, cuyas redes se amplían cada día más, que ha penetrado en diversos estamentos del Estado, que nos arrebata fracciones del territorio nacional, que amenaza nuestra democracia y que está envenenando a nuestros niños y adolescentes.
El cuadro lúgubre de México frente al narco es una lección viviente y dolorosa, cuya reedición no podemos tolerar en nuestro país.
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