Tardó un año y tres meses en el Congreso
Ley antimafia aprobada en primer debate 44 a 1
Solo Jorge Eduardo Sánchez , del PUSC, adversó proyecto de ley
Iniciativa fortalece al Ministerio Público y agiliza apertura de cuentas bancarias
El Congreso aprobó ayer en primer debate, por mayoría de 44 a 1, el proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada.
La iniciativa se discutió bajo el expediente 16.830 y crea el concepto de delincuencia organizada como delito y aumenta la capacidad de respuesta e intervención del Ministerio Público para combatir agrupaciones criminales.
MÁS SOBRE ESTE TEMA
El plan además extiende el plazo de prisión preventiva hasta por 24 meses y dotará al Ministerio Público de mayores facilidades para el rastreo de llamadas telefónicas cuando se esté en medio de una investigación.
El plan crea la Plataforma de Información Policial, al mando del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y agiliza el levantamiento del secreto bancario para investigar capitales emergentes ligados al crimen organizado.
La votación se dio a las 11: 27 a. m. de ayer, en una sesión de dos horas en el Congreso.
Largo camino. El plan estuvo en la corriente legislativa por un año y tres meses, desde que fue presentado como parte de la Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana, el 11 de marzo de 2008.
El libertario Luis Barrantes, presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, donde se discutió el proyecto, afirmó que el plan tuvo un trámite ágil.
La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Elizabeth Fonseca, recordó que el proyecto encontró trabas dentro del Congreso, y destacó la presentación de mociones por parte de diputados de otras fracciones.
Así por ejemplo, entre los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Jorge Eduardo Sánchez y Bienvenido Venegas, presentaron más de 100 mociones en diciembre pasado.
Luego de una negociación con la fracción de Gobierno, Sánchez llegó a un acuerdo para presentar un texto sustitutivo en vez del centenar de mociones.
Sin embargo, la propuesta no fue avalada por la Fiscalía, y el proyecto enfrentó dos consultas más tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia.
Luego de esto, los diputados de las demás bancadas presentaron sus mociones acercándose a los criterios de la Fiscalía y la Corte en cuanto a la definición de crimen organizado y las potestades del Ministerio Público.
Luego de un nuevo par de consultas y a pesar de las objeciones de Sánchez, el proyecto recibió ayer solo el voto negativo del mismo legislador Sánchez.
Sánchez considera que el proyecto es vulnerable a roces constitucionales, y pide que se consulte para “eliminar la posibilidad de que se lo traigan abajo”, advirtió el parlamentario.
Contrario a esto, el resto de los diputados presentes en la sala de sesiones del Congreso, le dieron el voto afirmativo al plan, incluso sus compañeras de fracción, Lorena Vásquez y Ana Helena Chacón.
FOTOS
-
Mario Núñez, del Libertario (izq.) y Sergio Alfaro, del PAC (der.), se sumaron a los 44 votos en favor del plan contra el crimen organizado. Jorge Edo. Sánchez, del PUSC, votó negativamente al quedarse sentado. Francisco Rodríguez
Puntos de vista
Herramientas
Definido. La nueva ley incluye la definición y tipificación del crimen organizado como un delito en el país, y es la siguiente:
“Se entiende por delincuencia organizada un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos”.
Más prisión preventiva. El proyecto aprobado ayer amplía la prórroga de prisión preventiva por 12 meses más, llevando este tiempo hasta los 214 meses, en caso de ser necesario.
Más información. La nueva ley crea la Plataforma de Información Policial, que estará en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de manera que tenga acceso a las bases de datos de todos los cuerpos policiales del país.
Intervención de telecomunicaciones. El Poder Judicial tendrá a su cargo el “Centro Judicial de Intervención de las Telecomunicaciones” que operará 24 horas al día, realizando las intervenciones dictadas por los jueces de todo el país. El presidente de la Corte Suprema de Justicia deberá rendir informes sobre la eficiencia de este centro a los Ministros de la Presidencia y de Seguridad, así como al Ministerio Público y al OIJ.
Secreto bancario. El secreto bancario será levantado a través de la orden de un juez y a petición de la Fiscalía a quienes sean indagados en casos ligados con crimen organizado.
Comiso. Las órdenes de comiso de bienes podrán ser emitidas en favor del Instituto Costarricense sobre Drogas y el PANI.
ADEMÁS EN EL PAÍS
