Por la defensa ambiental

 Tribunal Ambiental no ha cometido irregularidades con fondos

y 2 firmas más

José Lino Chaves es presidente del Tribunal Ambiental Administrativo

YAMILETTE MATA, vicepresidenta TAA José Luis Vargas, s ecretario TAA

Ante la información publicada el 15/02/09 en La Nación con el título “Pagos por daños ambientales acabaron en manos privadas” , el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) desea aclarar que no ha existido ningún manejo irregular de los fondos provenientes de pagos por daños ambientales por parte de este Tribunal.

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La función primordial del Tribunal Ambiental Administrativo es conocer y resolver las denuncias por daño ambiental en el país y establecer las indemnizaciones correspondientes.

Acción rápida. En el caso de las conciliaciones ambientales, el Tribunal Ambiental tiene la responsabilidad de demandar una acción rápida para reparar o revertir el daño ambiental tanto por parte de los infractores como de los interesados en la defensa de los recursos naturales. Por eso, el dinero cobrado por daño ambiental, en muchos casos (no en todos) se ha canalizado a través de mecanismos más rápidos que el de la Caja Única del Estado, para que los recursos fluyan rápidamente y se puedan utilizar en la reparación ambiental cuanto antes.

Por lo general, estos fondos se utilizan en planes reparadores que ejecutan organizaciones ambientales, asociaciones de desarrollo, instituciones y el mismo Minaet a través de las oficinas del Sinac. También se utilizan para capacitación y para educación ambiental, en tanto esto conduzca a una mejor gestión ambiental en el país. Las organizaciones, asociaciones e instituciones a las que se asignan fondos y tareas para la reparación de daños ambientales son entidades costarricenses de probada seriedad y no es correcto hacer ver como “irregular” el manejo de fondos por parte de éstas.

Además, el Tribunal Ambiental da seguimiento a la ejecución de las conciliaciones, con lo cual es incorrecto afirmar que estos recursos “no tienen control por parte del Estado”, ya que el TAA es parte del Estado costarricense. En muy pocos casos, una parte ínfima del monto de conciliación se destina a los gastos que el propio Tribunal Ambiental tendrá para dar seguimiento al cumplimiento de lo acordado y para reforzar su función operativa.

Uno de los ejemplos en que se han utilizado fondos provenientes de conciliaciones es en la realización de las cinco barridas ambientales que el Tribunal Ambiental ejecutó durante el 2008 y en la comunicación de sus resultados a la prensa y a diferentes instancias nacionales. Estas y todas las otras acciones operativas del Tribunal Ambiental son claramente a favor de la defensa ambiental del país, por lo cual rechazamos de manera absoluta que se tilde de irregular el uso de estos fondos.

Los recursos que se asignan a reforzar la labor operativa del TAA son una pequeña parte de algunas conciliaciones, pero constituyen recursos muy importantes para nuestro actuar pues el presupuesto ordinario no nos alcanza para cubrir las necesidades que han crecido año con año ya que las denuncias ambientales también han aumentado.

Ninguna irregularidad. Por otra parte, a finales de 2008, un dictamen de la Contraloría nos instruyó que los recursos provenientes de las conciliaciones ambientales deben dirigirse solamente a la Caja Única del Estado. Estamos acatando esta instrucción, pero también pediremos que este dictamen se revise pues en casi la totalidad de los casos la reparación del daño ambiental, para lo cual se cobran las indemnizaciones, no puede esperar meses, que es lo que el dinero tarda en fluir por los mecanismos de la Caja Única. Sería conveniente explorar una forma en que la Contraloría dé seguimiento a los fondos a través de otras vías que no sean únicamente la Caja Única.

Sabiamente, la Ley Orgánica del Ambiente creó al Tribunal Ambiental Administrativo como un órgano de desconcentración máxima y antes, durante y después de resolver un caso, los jueces del Tribunal Ambiental no pueden permitir la ingerencia de ningún jerarca del Minaet en sus resoluciones ni en el proceso. En un caso que se encuentra en proceso (por lo cual no podemos mencionar el nombre), el viceministro del Ambiente, Jorge Rodríguez, hizo una consulta que no cabía ser resuelta porque hubiese implicado un grado de injerencia en el proceso. Esto fue lo que se hizo ver en su momento a este jerarca, y ello no implica irregularidad alguna.