SOS: no estamos preparados

 Tener la mejor gestión del riesgo posible responde a un elemental sentido de supervivencia

 Costa Rica enfrenta lo que los expertos denominan un “escenario multiamenazas”

Las primeras horas después del terremoto del pasado 8 de enero desnudaron las importantes limitaciones del Estado costarricense para enfrentar un evento catastrófico. Entre otras deficiencias pueden mencionarse la carencia de una flotilla básica de helicópteros y vehículos lista para reaccionar en tiempo real y capaz de operar en condiciones extremas; bodegas con aprovisionamientos vitales vulnerables ante accidentes y un sistema de comunicaciones que colapsó en los momentos cuando el país más lo requería.

En los días siguientes estas limitaciones fueron parcialmente superadas gracias al esfuerzo de muchos. La solidaridad de países amigos fue clave para las operaciones de rescate, y varios organismos internacionales otorgaron contribuciones para los damnificados. Con todo, fue el aporte de la población, los voluntarios, los grupos organizados, las Iglesias, las empresas privadas y el tesonero trabajo de muchas instituciones y funcionarios públicos el que logró revertir la incapacidad inicial. Reconforta saber que, aunque seamos una sociedad dividida por tantas cosas, seguimos siendo capaces de unirnos para enfrentar retos colectivos.

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Una de las lecciones de esta emergencia es que, para la atención de los eventos catastróficos, Costa Rica depende de sí misma. No hay que hacerse ilusiones. Posiblemente influya el hecho de que poseemos un nivel de desarrollo medio y estamos bien calificados en mediciones internacionales como el Indice de Déficit por Desastres. En comparación con la penosa preparación de otros países, estamos un poco mejor. Sin embargo, como en tantas otras cosas, no nos reconforta lo de que en tierra de ciegos el tuerto es rey.

Así las cosas, el grado de preparación del país para reaccionar de inmediato ante un desastre es fundamental para minimizar el dolor y las muertes. Desde esta perspectiva, la respuesta inicial fue muy preocupante: el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo sencillamente no estaba listo. La solidaridad y acciones posteriores no borran esta constatación.

Las consecuencias de la falta de preparación inicial son graves. El terremoto tuvo su mayor impacto en una zona de baja densidad poblacional. Si el epicentro hubiera estado en un centro urbano importante, la confusión y pérdidas en vidas se habrían multiplicado exponencialmente. Ante la falta de preparación no cabe argumentación alguna: la Constitución y las leyes mandan estar prevenidos. Pero, además, tener la mejor gestión del riesgo posible responde a un elemental sentido de supervivencia: Costa Rica enfrenta lo que los expertos denominan un “escenario multiamenazas”. Durante el período 2001-2006, la base de datos Desinventar-La Red registró más de 500 eventos, grandes y pequeños, por año. Entre 1996-2001 los desastres le costaron al país, en promedio, 1,15 puntos del PIB por año, más de lo que se invierte en la educación superior pública.

En los últimos años ha habido importantes avances en la gestión del riesgo que conforman una plataforma para empezar a remediar las deficiencias en la reacción inmediata ante un desastre. Tenemos un buen conocimiento de las amenazas pues existe un atlas de amenazas. El país cuenta con centros de investigación y especialistas que dan seguimiento a las amenazas. Tenemos experiencias con sistemas de alerta temprana y comités locales o sectoriales de emergencia que pueden y deben generalizarse a todo el país.

Desde el punto de vista legal, la ley 7914 de 1998 y su reforma (Ley 8488 del 2006) definen una clara rectoría a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y mandan el establecimiento del Sistema antes mencionado. Crean un régimen de excepción administrativa ante situaciones de emergencia. Hay un fondo de emergencia que hoy alcanza un monto cercano a los veinte millones de dólares. Aunque es decididamente insuficiente, el instrumento ya existe.

En las próximas semanas será necesario conocer una evaluación crítica de la reacción inicial de la CNE. Más importante será, y con suma urgencia, reforzar la capacidad del país para reaccionar ante un evento catastrófico.