Desatar la inversión energética

 La actual coyuntura exige mayor apertura conceptual y productiva

 El país necesita desarrollarse y crear nuevas y estables fuentes de empleo

Llegó la hora de legislar sin prejuicios ideológicos ni cálculos políticos. Costa Rica podría experimentar una peligrosa ralentización económica o, quizás, una recesión de graves consecuencias para la generación de empleo, salarios reales y pobreza. Caerán las entradas privadas de capital y disminuirán las remesas como producto de la crisis financiera internacional. La forma más efectiva de contrarrestar sus efectos es estimular la inversión privada, nacional y extranjera, en actividades que, además, apuntalen el futuro desarrollo. Y una de las más directas y duraderas es liberar las amarras existentes a la inversión, producción, transporte y exportación de energía eléctrica.

Las leyes que garantizaron el monopolio de la generación y distribución de energía eléctrica, incluyendo su exportación a otros países, datan de períodos históricos de relativa estabilidad, matizados por altas dosis de estatismo legislativo. Pero ahora atravesamos otros tiempos que exigen mayor apertura conceptual y productiva. Como país, enfrentamos otros retos más urgentes y dolorosos. Mantener estrategias monopolísticas pasadas a costa del desempleo presente sería erróneo. Sobre todo porque toda crisis, además de costos, presenta oportunidades. Y abrir los monopolios en la producción y exportación de energía es una de ellas, muy impactante, además, en las distintas variables involucradas por su cuantioso volumen. Aumentarían las tasas de crecimiento de la producción, empleo y salarios; contribuiría a mitigar los crecientes niveles de pobreza, y crecerían los flujos de capital externo, mucho más productivo que las entradas especulativas de capital. Habría, en suma, mayor estabilidad económica y social.

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Afortunadamente, el Poder Ejecutivo se sumó al esfuerzo nacional por desatar la producción de energía. Ya ha presentado varios proyectos de ley muy importantes que merecen aprobarse en la Asamblea Legislativa durante este período de sesiones extraordinarias. En particular, la Ley General de Electricidad abre el mercado eléctrico al facilitar el rompimiento de topes o límites de producción máxima (15%) de energía para los generadores privados, empresas de servicio público y cooperativas, y también el plan de Fortalecimiento de las Entidades Públicas y Privadas del Subsector Eléctrico, que permitiría a las empresas públicas y cooperativas del sector energético exportar electricidad al mercado centroamericano. Pero hay también otras iniciativas que merecen ser rescatadas, como el proyecto No. 16949 Ley Marco de Concesión de Aguas para la Generación de Energía Hidroeléctrica, presentado por el Movimiento Libertario.

Todos estos proyectos de ley son pasos en la dirección correcta. Pero el enfoque más apropiado para modernizar y dinamizar el sector de energía es liberarlo totalmente de las amarras legales y carlancas administrativas que hoy lo agobian. Y eso incluye no solo la apertura en la generación y cogeneración de energía eléctrica a base de fuentes hidráulicas convencionales (para lo que se requiere la liberación en las concesiones de agua para producir energía), sino también otras formas alternativas de energía, como la eólica. Esta es una forma de energía totalmente amigable con la naturaleza, pues se nutre del viento, abundante en ciertas zonas del país como Guanacaste, y que, a partir de una inversión inicial, puede incrementarse exponencialmente con inversiones marginales adicionales. Pero, para que proliferen estas y otras formas alternativas de energía, es fundamental que el Estado les garantice el derecho de explotar y transportar por medio de la infraestructura realizada por el ICE (que es de todos los costarricenses, no de su sindicato), y, además, les permitan, junto a los productores de energía eléctrica convencional, exportar libremente a cualesquiera regiones del mundo. En el entendido, claro está, de que corresponde al sector privado asumir los riesgos correspondientes.

En suma, se requiere un nuevo enfoque legal y político de amplia participación del sector privado, nacional o extranjero, en la generación de energía eléctrica en el país, en todas sus formas. Costa Rica requiere desarrollarse y generar las fuentes de empleo que la población necesita. Negarle ese derecho por razones ideológicas o gremiales, o simple desconocimiento, es inaceptable en estos tiempos de crisis.