Miami. AP Ante un escéptico tribunal de apelaciones que cuestionó constantemente sus alegatos, la defensa del exdictador panameño Manuel Noriega intentó hoy impedir su extradición a Francia, argumentando que como prisionero de guerra debe ser repatriado de inmediato a su país porque ya ha cumplido con su condena por narcotráfico.
En una audiencia de 30 minutos de la que Noriega estuvo ausente, los jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 11mo circuito pusieron en tela de juicio si Noriega tiene el derecho de disputar judicialmente su extradición a París, que lo requiere para juzgarlo por acusaciones de lavado de dinero.
El abogado de Noriega, Jonathan May, reiteró ante los magistrados que, como prisionero de guerra, su cliente está amparado bajo las Convenciones de Ginebra y por lo tanto no puede ser extraditado a un tercer país. Alegó que, en cambio, debe ser devuelto a Panamá ya que cumplió con su sentencia en setiembre del 2007.
La Convención de Ginebra otorga derechos específicos, derechos individuales a los prisioneros de guerra, argumentó May en declaraciones a la prensa, tras una audiencia de 30 minutos de la que Noriega estuvo ausente.
Pero el juez Ed Carnes le preguntó varias veces al abogado defensor si el Congreso no había eliminado esos argumentos cuando aprobó en el 2006 una ley que creó procedimientos judiciales para enemigos de combate detenidos en la Base Naval de Guantánamo, en Cuba.
“Usted está utilizando las Convenciones de Ginebra como una fuente de los derechos de su cliente ... (la ley) dice que no puede hacerlo”, expresó Carnes.
May le respondió que, de acuerdo con su posición, esa es una interpretación incorrecta de la intención del Congreso.
El panel integrado por Carnes y sus colegas Joel Dubina y Jane Restani no emitió ningún fallo y podrían pasar varios meses hasta que ello suceda. May adelantó que probablemente acuda a la Corte Suprema si pierde esta apelación.
Los alegatos de Noriega, que ya ha cumplido con 19 años de prisión por permitir que un barco colombiano transportara toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de Panamá, han sido rechazados anteriormente por tres jueces federales.
Noriega, que en el 2008 dijo en un tribunal que tenía 73 años, fue declarado culpable de ocho cargos en abril de 1992 y condenado a 40 años de prisión.
Ese mismo año, en la víspera de su traslado a una cárcel de máxima seguridad, su defensa logró que el juez federal William Hoeveler lo declarara prisionero de guerra, lo que le daría plena protección bajo las Convenciones de Ginebra.
Hoeveler redujo la condena a 30 años en 1999. Debido a su buena conducta, Noriega debió ser liberado el 9 de setiembre del 2007. Pero por entonces llegó la solicitud de extradición de Francia.
Los franceses quieren enjuiciar a Noriega por el lavado de $25 millones generados por la venta de cocaína, usando tres bancos franceses e invirtiendo en tres departamentos caros en barrios exclusivos de París.
Panamá también solicitó la extradición.
La ley que mencionaron los jueces en la audiencia, prohíbe que los detenidos utilicen las Convenciones de Ginebra o cualquier otro tratado para fundamentar sus derechos en los tribunales estadounidenses.
El fiscal Sean Cronin, por su parte, expresó ante los magistrados que Noriega debería ser extraditado porque Francia también es signataria de las Convenciones y ha prometido que lo tratará como prisionero de guerra.
En Francia, el exgeneral panameño fue condenado en ausencia a 10 años de cárcel por acusaciones relacionadas con lavado de dinero, pero las autoridades francesas han prometido realizar otro juicio, dijo Cronin.
No hay nada en las Convenciones de Ginebra que deban impedir este traslado a Francia, manifestó el fiscal.
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