La Procuraduría de la Ética y la Contraloría General de la República confirmaron ayer que están investigando las compras de puentes modulares tipo Bailey realizadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
La investigación, que se está realizando de forma coordinada, ocurre después de que ambas entidades encontraron procedimientos no apegados a la normativa legal en contratos otorgados a la empresa británica Mabey & Johnson.
Uno de los casos fue remitido a la Fiscalía el año pasado por la Procuraduría de la Ética, después de que el MOPT le pagó el 100% del precio a dicha firma, aunque faltaban piezas por entregar.
La procuradora Lissy Dorado informó ayer de que entre las compras de puentes bajo estudio se encuentran los casos publicados por La Nación el martes, en uno de los cuales el MOPT le otorgó a Mabey & Johnson la compra directa de seis puentes pese a que su oferta era la más cara. Además, le dio mejores condiciones que a su competidor.
El otro caso fue una licitación pública que ganó la firma británica, a pesar de que su precio era más alto y de que su oferta no debió considerarse, pues tenía al menos un incumplimiento que ameritaba su descalificación.
La Contraloría luego intervino y anuló la decisión del MOPT.
Ayer, el órgano contralor indicó que a finales del año pasado inició un estudio especial, específicamente sobre las contrataciones de puentes tipo Bailey, un mercado cuyos principales contratistas en el país son la firma británica y la estadounidense Acrow Corporation.
“Tratándose de una investigación en curso, la Contraloría está imposibilitada para brindar mayores detalles en este momento”, indicó la Oficina de Prensa.
La ministra de Transportes, Karla González, dijo por escrito: “Este despacho es el primer interesado en que cualquiera de los procedimientos de contratación del MOPT estén de acuerdo con lo que establece la ley. La Contraloría es nuestro principal aliado en la investigación que ya iniciamos dentro del Ministerio”.
La investigación del MOPT únicamente se refiere a la compra directa de seis puentes y está a cargo de un abogado externo. También la Auditoría Interna del MOPT analiza el caso.
En esa compra, el Estado pagó $255.000 más porque los puentes se entregarían rápido (45 días), pero se recibieron en una fecha similar a la ofrecida por la empresa más barata (90 días).
Mabey & Johnson sostiene que todo se ha hecho según la ley.
FOTOS

La tormenta tropical Alma destrozó, el año anterior, este puente en rivas, Pérez Zeledón. Archivof
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