Proteger a Nicaragua

 Quienes primero deben proteger a Nicaragua son sus vecinos y socios comerciales

Director Ejecutivo Fundación Arias para la Paz

El año nuevo para Nicaragua no comienza bien porque la tregua navideña no produjo resultado alguno para superar la crisis política originada en el cuestionamiento sobre los resultados de las elecciones municipales de noviembre, y el comportamiento arbitrario del presidente Ortega y la falta de independencia del Consejo Supremo Electoral son dos buenas razones para dudar de una solución no reñida con las normas democráticas generalmente aceptadas.

Responsabilidad de proteger. Los tipos de conflictos que el mundo vive desde el fin de la Guerra Fría, caracterizados por las tragedias humanitarias y las pérdidas de vidas de civiles, motivaron a Canadá a crear, en el año 2000, la Comisión Internacional de Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), que revisó el derecho de intervención humanitaria y la noción de soberanía, entre otras cuestiones. Propuso para ello, en el primer caso, la figura de la responsabilidad de proteger, cualitativamente superior al concepto de intervención humanitaria consagrado en el derecho internacional y, en cuanto a la soberanía, postuló superar el concepto de derecho por una acepción más amplia que implique la responsabilidad de los Estados de proteger la dignidad y los derechos básicos de sus habitantes y los habitantes de otros Estados.

De este ejercicio propositivo y las consultas que lo siguieron nace la doctrina de la “responsabilidad de proteger”, que comprende tres dimensiones: responsabilidad de prevenir; responsabilidad de intervenir y responsabilidad de reconstruir. A pesar de que resulta una propuesta inacabada que gana cada vez más adeptos siempre tras acalorados debates, ofrece al derecho internacional humanitario una oportunidad extraordinaria de reforzarse.

La responsabilidad de prevenir. La mayoría de los motivos que existen para recriminaciones mutuas en el marco del derecho internacional humanitario pueden ubicarse en la incapacidad de los Estados y los organismos multilaterales para prevenir conflictos, catástrofes humanas y violaciones masivas a los derechos humanos.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

La historia de América Latina está llena de casos de elecciones poco o nada transparentes, en países cuyas instituciones democráticas están seriamente cuestionadas, y el control político por los partidos de oposición, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación social se encuentran seriamente amenazados, y a los diplomáticos de los países amigos se les advierte no intervenir con el pretexto de una superada noción de soberanía. Por ello, está claro que hoy debe protegerse a Nicaragua y a sus habitantes porque su Gobierno no puede o no quiere proteger la dignidad y los derechos básicos de su pueblo.

Una sola región. De Belice a Panamá encontramos a la quinta economía de América Latina, abriendo sus mercados al mundo mientras deja ver, todavía, las más profundas inequidades y una creciente desigualdad, fuente principal de la delincuencia y la operación del crimen organizado.

Con esta credencial de socio importante, América Central no puede pretender negociar un acuerdo político y comercial con la Unión Europea si uno de sus Estados niega el ejercicio pleno de los derechos políticos y rehúsa permitir la observación local e internacional de sus procesos electorales, y ante los cuestionamientos legítimos acerca de los resultados, rechaza –sin argumento válido alguno– facilitar un reconteo de los votos, cuestión que es elemental en los estándares internacionales del derecho electoral.

Quienes primero deben proteger a Nicaragua son sus vecinos y socios comerciales, por dos razones básicas: para garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los nicaragüenses y porque conviene a todos los centroamericanos someter sus instituciones democráticas al más riguroso escrutinio.