EDITORIAL |
Coincidimos con el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, sobre la necesidad de que el país defina, en el menor plazo posible, las nuevas reglas que regirán la operación de las zonas francas, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC). Es algo en lo que deben trabajar, de forma expedita y coordinada, esa cartera y la Asamblea Legislativa, por las reformas legales que deberán ponerse en vigencia.
Por tener como característica fundamental la exoneración de impuestos para empresas que se dedican a la exportación, la contribución de las zonas francas al fisco es mucho menor que la de las actividades productivas localizadas fuera de ellas, que están sujetas a todos los tributos de ley. Sin embargo, su aporte a la economía, el empleo, el desarrollo de recursos humanos e, indirectamente, también a las finanzas públicas, es muy significativo. Por esto, y por ser Costa Rica un Estado de derecho, debe definirse con rapidez el marco jurídico que, por disposición de la OMC, deberá regirlas a partir del 2015. Esto es parte de la seguridad jurídica necesaria para mantener e incrementar un clima favorable a la inversión.
Según la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras), en la actualidad existen 215 compañías amparadas a ese régimen. Los $5.000 millones que exportaron durante el 2007 representaron el 52% del total de las ventas nacionales al exterior. La cifra del 2008 no ha sido cerrada aún, pero será ligeramente más alta. Los empleos directos que generan superan los 50.000. Y, aunque el dinamismo de su producción y sus contrataciones ha disminuido, esto se debe a la reducción generalizada en la demanda mundial de bienes y servicios, no a una tendencia a largo plazo.
Tal como expuso el ministro Ruiz en una entrevista que publicamos el pasado jueves, lo que, en esencia, ha dispuesto la OMC es que, a partir del 2015, no pueden existir incentivos (fiscales o de otra índole) destinados a promover las exportaciones porque ello constituye una distorsión del comercio internacional al crear diferencias de trato entre las empresas que se dedican a exportar y las que no lo hacen. Lo que sí se puede introducir, para generar atractivos para las inversiones nacionales y extranjeras, son estímulos en función de los encadenamientos productivos que generen sus inversiones en investigación, desarrollo y capacitación, la zona en que se ubiquen y otros criterios que puedan aplicarse sin distinción del destino final de los productos o servicios.
La fecha límite fijada por la OMC puede parecer muy distante. Sin embargo, desde el punto de vista de las decisiones de inversión de las empresas, muchas de las cuales se toman a muy largo plazo, es un término relativamente corto. Debido a lo anterior, a que otros países con los que competimos por atraer inversiones ya han definido sus reglas y a que la situación económica internacional demanda una gran celeridad de actuación, debemos actuar con la mayor prontitud posible para aprobar las reformas necesarias, ojalá, como es la intención del Ministro, en el primer semestre de este año.
El retraso nacional en poner en vigencia el TLC con Estados Unidos, aunque no resultó catastrófico, si implicó una pérdida momentánea de competitividad y oportunidades, que nos afectó negativamente. Es necesario evitar que ocurra algo parecido en torno a las zonas francas. Aún estamos a tiempo.
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