EDITORIAL |
El progreso del país, así como las oportunidades para sus ciudadanos, no pueden convertirse en rehenes de pequeños grupos que –no importa su índole ni la retórica que utilicen para sustentar sus posiciones– obstaculizan, deliberadamente, el avance para defender sus propios y estrechos intereses.
Si alguna zona ha sido víctima de tales grupos, es la provincia de Limón, especialmente su ciudad puerto. Y si alguna actividad ha sufrido por ellos, es la exportación e importación de productos por medio de sus puertos. El principal de esos grupos inmovilistas tiene una identidad conocida: la cúpula del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap). Su método, hasta ahora, ha sido acumular una enorme masa de privilegios, impedir el cambio, chantajear a las autoridades para ofrecer concesiones mínimas y, en ocasiones, actuar como un virtual cogobierno de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica.
Se trata de un procedimiento tan utilizado por esos dirigentes sindicales y, penosamente, tan tolerado por distintas administraciones de Japdeva y el país, que pareciera haberse convertido casi en parte del paisaje limonense. Pero no debe ser así. Por esto, consideramos de gran importancia las declaraciones brindadas recientemente a La Nación por Francisco Jiménez Reyes, presidente ejecutivo de la entidad, según el cual la decisión de seguir adelante con el proceso de concesión de los muelles de Moín y Limón “está tomada”. Según su visión –que compartimos–, lo conveniente sería llegar a un acuerdo con el Sintrajap, para lo cual se mantiene abierta la puerta a negociaciones sobre una base de buena fe, pero si sus posiciones se mantienen intransigentes y las exigencias absurdamente irrealizables, el proceso continuará.
Durante la entrevista, la cual publicamos en nuestra edición del sábado 27, Jiménez mencionó un período de 60 días, contados a partir del 1.º de enero, para que el sindicato reconsidere la generosa oferta de indemnización ofrecida por el Gobierno, anteriormente rechazada a rajatabla, y proponga ideas para hallar una salida conjunta. Esto sería lo ideal. Sin embargo, dada la tradición de Sintrajap, ello pareciera difícil.
Salvo decir que “con concesión o sin ella” se hará una restructuración de Japdeva, su Presidente Ejecutivo no aclaró en detalle qué pasará si no es posible un acuerdo con el sindicato. Sin embargo, por ser una decisión tomada, como afirmó, la conclusión lógica es que habrá que enfrentar –con razones y prudencia, pero también firmeza– a sus dirigentes y seguir adelante con el proceso de concesión.
Moín y Limón son los principales puertos del país. Padecen, sin embargo, de una enorme ineficiencia, costos desproporcionados e incapacidad para las inversiones y el crecimiento de largo plazo. Por esto, se han convertido en un factor que obstaculiza la competitividad del país y que priva a los limonenses de potenciar las enormes oportunidades que abriría una infraestructura portuaria de punta o, al menos, capaz de medirse con otras del área. La única forma de lograr estos objetivos es mediante la concesión. Japdeva no tiene ni los recursos ni la capacidad técnica y administrativa para conducir el cambio necesario. Ya existen los estudios para abrir un concurso internacional. Ya existen, además, empresas de primer orden interesadas en participar en el proyecto. Y a todo esto se une el promisorio proyecto llamado “Limón, ciudad puerto”, que cuenta con fondos y asesoría del Banco Mundial.
Detener este proceso sería un suicidio regional y una enorme torpeza nacional. Por esto, los costarricenses y, especialmente, los limonenses, no podemos permitir que se impongan el oscurantismo y la rigidez de la cúpula del Sintrajap. Por esto, además, se hace necesario que Japdeva y el Gobierno sigan adelante con sus planes. Si lo hacen con inteligencia y lo explican con claridad, tendrán el apoyo de los costarricenses.
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