Libertad desde el Estado y contra él

abogado

Siempre he creído en el Estado social de derecho, bajo dos premisas fundamentales: la primera, por cuanto se rescata y exalta la síntesis histórica del siglo XIX con el siglo XX, para el fortalecimiento de los derechos humanos individuales y de orden colectivo. En segundo lugar, porque la libertad es un bien indivisible compuesto de la doble dimensión espiritual y material, con pensamiento sin hambre ni analfabetismo. En la ahora actual, renace su mensaje solidario ante la hipotética mano invisible de los mercados que siempre se hace visible en perjuicio de las libertades de industria, comercio y agricultura, por las manos abusivas y corruptas del compadrazgo político y del corporativismo enfermo y decadente, de lo que la viviente crisis da testimonio público y notorio.

Sin duda, el Estado es una necesidad comprobada no solo como instrumento de desregulación normativa de los mercados para el ejercicio de la libre oferta y demanda, sino como poder efectivo para evitar las nefastas distorsiones contrarias a tal libertad, ampliamente reconocida y protegida en el derecho constitucional comparado. De tal manera que la libertad es posible desde el Estado democrático, sin que ello impida su defensa efectiva contra el mismo Estado, por distintos medios, sean estos prejudiciales, extrajudiciales o judiciales, si este violenta o amenaza el disfrute legítimo de los derechos humanos y los valores de la democracia real. El Estado de derecho es, entonces, la organización política donde el derecho está sobre el Estado, porque derecho y Estado no son lo mismo, aunque sean complementarios, pues los ordenamientos jurídicos quedan imbuidos de los contenidos esenciales de los derechos humanos al ser anteriores y superiores a toda organización estatal. Sin duda, el Estado social no es más que el revés consecuente del Estado de derecho. La historia así lo señala.

Viejo y sabio equilibrio. El mundo entonces retoma el viejo y sabio equilibrio que tanto señalan los textos constitucionales de Occidente, incluyéndose la fenecida Constitución europea: Estado eficiente y controlado por y para las libertades individuales y sociales, sin que los derechos sociales sean simples valores programáticos por su obligada eficacia, ni tengan menor grado de importancia respecto a las libertades denominadas formales. Del Estado intruso pasamos al Estado salvador en momentos de alta crisis compartida, con la madurez que los acontecimientos imponen, aunque desde el siglo XIX su presencia ha sido determinante para la libertad de mercado, aun en Inglaterra, cuna de oro de la revolución industrial. Ya en 1834, con un Estado imperial en expansión, en el que los capitales nacionales acompañaron al Estado en sus conquistas coloniales, fue posibilitado con la liberación de las normas restrictivas para la prevalencia del libre mercado, con fuerza laboral competitiva hacia la paulatina aceptación del trabajo como valor y no ya como mercancía, sin que tal dinamismo fuera consecuencia del “dejar hacer”, sino efecto necesario del intervencionismo estatal que aumentó la actividad administrativa entre 1830 y 1850.

Se dio entonces la relación interactiva del Estado y el capital para la regulación que posibilitara –paradójicamente– la desregulación jurídica para la soltura de las fuerzas productivas, con libertad económica y con estrictos controles para garantizar el libre intercambio y la ampliación del mercado; llegando a ser Londres el centro financiero internacional más extendido e importante del siglo XIX. Así, Inglaterra con sus proclamas democráticas se diferenció de las potencias absolutistas caídas en desgracia durante la Primera Guerra Mundial, a lo que se agregaría como antesala de la Segunda Gran Guerra, la tesis de la Alemania nazi del “espacio vital”, para la conquista de territorios y el saqueo de las riquezas de otros Estados hacia el fortalecimiento de la industria de guerra y sus finanzas públicas, cuyos efectos ya conocemos.

Presencia del Estado. En Estados Unidos el Estado, lejos de morir con la actual utopía mercantil de la post soberanía y del post nacionalismo, consolidó la hegemonía y afianzó su soberanía, sin perjuicio de la expansión del libre mercado más allá de sus fronteras. Y en la Europa actual, los Estados continúan con la ascendente coparticipación para elaborar y aceptar disposiciones normativas supra estatales, con el respaldo constitucional y de los estados en el ejercicio de cada soberanía. De tal manera que en el sistema de la posguerra fría, la relación interestatal antes de confirmar la muerte del Estado, resalta su presencia interventora y controlada para desregular y garantizar los libres mercados en expansión, protegiéndose los derechos sociales y los bienes ecológicos. En Europa se consolida así el denominado mercado único, libre, social y ecológico. Por ello, cuando el presidente de Francia dijo recientemente que el “dejar hacer y dejar pasar” no van más, señaló una verdad a medias, pues para los mercados libres ese clásico principio ha sido parcialmente posible con la presencia y el fuerte impulso de los Estados.

Inglaterra enseñó así una interesante senda política: desde el Estado se puede menos Estado, sin que por esto sea débil e inoperante, con favorecimiento de la eficiencia y eficacia; de la transparencia y el control efectivo para la protección de las libertades individuales y sociales; con un Estado presente para la garantía del libre mercado sin privilegios corporativos ni mafiosos. Por su parte, de Francia se rescata el control de las administraciones públicas y del Estado en general, con su tradicional apuesta por el Derecho Administrativo; de Alemania la consagración del Estado social de derecho y la intangibilidad constitucional de la democracia y los derechos fundamentales; de Portugal y España la indivisibilidad del Estado de derecho con el Estado democrático, que es también Estado participativo; de Italia la fuerza de la consulta popular por la democracia directa; de Suiza, Suecia, Noruega y Fin- landia el respeto consagrado por los valores ecológicos y difusos.

En síntesis: Estado liberal y social no son excluyentes, antes bien, son unidad fortalecida para impulsar la desregulación normativa, con simultánea regulación fiscalizadora proclive al libre mercado nacional e internacional, con justicia equilibrada y nitidez consumada.