Protección de testigos

 La trascendencia del juicio Caja-Fischel exige prestar atención a cualquier denuncia de actos intimidatorios

 Sin tribunales no hay libertad, y la desviación del proceso judicial es siempre un atentado contra la democracia

José Pablo Alvarado, representante del Ministerio Público en el juicio Caja-Fischel, sufrió la violación de su domicilio y el robo de una computadora donde guardaba archivos relacionados con el caso. El fiscal carece de elementos para establecer un vínculo entre el robo y sus ocupaciones del momento, pero la coincidencia inquieta a la luz de otros tres incidentes ocurridos en el lapso de una semana.

Henry Vega, abogado de la corporación Fischel, denunció ante el tribunal el merodeo de sujetos armados con ametralladoras que preguntaron por la ubicación de su casa. Tampoco puede afirmar la existencia de un nexo entre el incidente y su participación en el juicio, pero, de nuevo, la coincidencia inquieta.

Máximo Peñaranda, jefe de Contabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social cuando la institución hizo la negociación detonante del escándalo, cuenta una historia diferente. Dos encapuchados lo apuntaron con un arma, le robaron dos computadoras y le conminaron directamente a no declarar en el juicio, según denuncia planteada por William Rodríguez, abogado de la CCSS.

Por su parte, Walter Reiche, expresidente ejecutivo de la Corporación Fischel y coimputado en el caso, denuncia la existencia de un plan para asesinarlo. La informante del presunto complot se identificó y dejó un teléfono donde puede ser localizada. La advertencia coincidió con una extensa declaración rendida voluntariamente por el empresario, quien afirma haber sido blanco de amenazas en otras oportunidades.

La trascendencia del proceso y la diversidad de los denunciantes –un abogado, un fiscal, un testigo y un imputado– exigen prestar atención, no solamente para salvaguardar a los involucrados y proteger precisamente los intereses colectivos objeto del juicio, sino también por el riesgo de un irreparable daño a la institucionalidad democrática.

En el proceso judicial se expresan las garantías del ciudadano y la sociedad frente al poder arbitrario, ya sea del Estado o de otros individuos. Sin tribunales no hay libertad, y la desviación del proceso judicial es siempre un atentado contra la democracia.

Por eso precisamente, garantizar la libertad de actuación de testigos, jueces, fiscales y abogados trasciende la obligación de preservar la integridad física de las personas para constituirse en defensa irrenunciable de la institucionalidad.

Costa Rica estuvo en mora hasta la publicación, el miércoles, de la ley de protección de testigos. A tenor de las declaraciones de Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial, la mora podría prolongarse. El OIJ, dice Rojas, no posee los recursos necesarios para brindar la protección debida. Con la tinta de la nueva ley todavía fresca en La Gaceta oficial, enviará una reforma al Congreso para asignar la tarea al Ministerio de Seguridad Pública.

Mientras tanto, hay unas cien personas necesitadas de protección, en su mayoría testigos de homicidios, narcotráfico, robos y otros delitos. En muchos casos, las buenas intenciones del Estado llegan tarde porque los testigos ya fueron violentamente silenciados.

En el caso Caja-Fischel las autoridades no pueden correr riesgos. Deben volcar los recursos que sean necesarios sobre la investigación de los incidentes y la protección de los denunciantes. La pena por la imprevisión y la ligereza podría ser la creación de un precedente que, por su prominencia, abonaría la tendencia a utilizar métodos violentos para subvertir los procesos judiciales y, con ellos, la democracia.