La propuesta para que los partidos políticos contraten auditores internos quedó excluida del proyecto de reforma del Código Electoral.
Esta era una de las medidas que había recomendado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para “construir un esquema de controles internos” de las agrupaciones políticas, según palabras de Luis Antonio Sobrado, presidente de ese tribunal.
Sin embargo, para la mayor parte de los legisladores que integran la Comisión de Reforma Electoral, esa propuesta era excesiva y podía resultar muy cara para los partidos pequeños.
Así lo manifestaron, tras ser consultados por separado, los legisladores Maureen Ballestero, liberacionista que preside ese foro, Sergio Alfaro, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Lorena Vásquez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Según Alfaro, de esa propuesta se mantuvieron en el texto la creación de un ente fiscalizador interno y, además, la auditoría externa que los partidos deberán pagar cada tres meses.
“Se eliminó un costo que podría ser una barrera para nuevos partidos, pues un partido nuevo tendría que pagar un auditor que cuesta unos ¢800.000 mensuales. Solo sostener eso los hubiera llevado a la quiebra”, añadió Alfaro.
Vásquez, por su parte, comentó que la forma en que quedó el texto fortalece la fiscalización y, al mismo tiempo, permite sostenibilidad y claridad.
Inicialmente, la moción para eliminar estas auditorías fue rechazada. Sin embargo, en una revisión posterior se revirtió el proceso.
A juicio de Ballestero, el tema quedó opcional. Si el partido quiere, puede contar con los auditores internos.
Este fue uno de los asuntos de mayor discusión entre las 171 propuestas de cambio que conoce la Comisión.
Todavía está pendiente una cuarta jornada de presentación de mociones.
Por esa razón, los mismos diputados de la Comisión consideran que el tema no está cerrado, pues saben que hay compañeros suyos con dudas que podrían acudir a nuevas mociones.
Con tiempo. A pesar de que también falta la discusión más intensa en el plenario, el presidente del TSE tiene la esperanza de que la reforma se aprobará con suficiente tiempo para aplicar algunas de las normas en la próxima campaña presidencial.
“Temas como el de la paridad de género (alternabilidad de género en los puestos de elección popular) se aplicaría de lleno, más que estamos todavía en un momento en el que no se han escogido los candidatos”, comentó.
Igualmente podrían aplicarse las nuevas restricciones sobre donaciones a partidos políticos, ya que, según Sobrado, los mayores flujos de capital comienzan a moverse después de la convocatoria a elecciones, que será en octubre.
Entre las propuestas más importantes en ese sentido están la prohibición para que personas jurídicas hagan donaciones, además de la exigencia de un registro de contribuciones en especie.
La esperanza de Sobrado la comparte la propia presidenta de la Comisión de Reforma Electoral.
Ballestero manifestó ayer que está sorprendida del ritmo al que están avanzando.
El proyecto para modificar el Código Electoral ingresó a la corriente legislativa en el 2001. Desde entonces el texto original ha sufrido varios cambios.
Aparte de las restricciones a las donaciones, se incluyen novedades como una rebaja en la deuda política y la posibilidad de que voten los costarricenses en el extranjero.
El proyecto cuenta con el apoyo casi total de las fracciones.
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Solo los partidos de mayores recursos podrían pagar un auditor interno, según criterio de varios diputados. Archivo
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