País es sitio de origen, tránsito y destino para negocio ilegal de trata

Oficios domésticos y modelaje, trampas para explotar mujeres

 Costa Rica está en lista de países que se han esforzado poco por combatir trata

 Ministerio Público estudia 30 posibles casos de víctimas de este negocio ilegal

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El nuevo gancho que tienen los esclavistas modernos para atrapar a sus víctimas es la oferta de un empleo como trabajadora doméstica o como modelo, dentro o fuera del país.

Mujeres –jóvenes en su gran mayoría–, desempleadas o con altas expectativas por su belleza, pueden caer en la trampa de una atractiva oferta y terminar convirtiéndose en una esclava más del negocio ilegal de trata de personas.

Ese delito está tipificado en el Código Penal costarricense, y castiga con penas de cárcel de 8 hasta 16 años a quienes lo cometan.

Consiste en engañar a una persona con una falsa expectativa de empleo –por lo general–, trasladarla de su lugar de origen, cortar la comunicación con su entorno más inmediato y explotarla para fines comerciales.

La persona prácticamente se convierte en un esclavo de quien lo “contrata”, vive bajo amenaza y agresión constante, a riesgo, incluso, de su propia vida y la de sus familiares.

En pañales. En el país no se llevan registros sobre la dimensión del problema.

Sin embargo, las autoridades de Gobernación y de organismos internacionales de migración y de derechos humanos no dudan en afirmar que Costa Rica es sitio de origen, tránsito y destino de víctimas de la trata de personas.

Según un informe de la Oficina para el Monitoreo y la Lucha contra la Trata de Personas, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al país llegan mujeres y niñas de Nicaragua, República Dominicana, Colombia, Panamá, Rusia, Uzbekistán y Filipinas.

Son mujeres que luego pasan a ser explotadas sexualmente con fines comerciales. Con igual objetivo, salen ticas hacia El Salvador, Guatemala, Japón y Estados Unidos, indica el informe, publicado en junio del 2008.

Por los escasos esfuerzos que hasta el 2007 había hecho el país para prevenir, detectar y sancionar este delito, Estados Unidos lo clasificó en una lista de observación de categoría 2. Es decir, entre aquellos países que no cumplieron siquiera con las normas mínimas para atacar este delito y por “no haber ofrecido evidencia de esfuerzos crecientes para combatir la trata de personas, de manera particular en términos de no haber proporcionado una mayor ayuda a las víctimas”, reza el informe.

No obstante, la viceministra de Gobernación Ana Eugenia Durán, espera que para la evaluación de este año el país mejorará su posición, pues el Gobierno ha realizado esfuerzos por organizar la lucha contra la trata de personas.

Actualmente, hay una red nacional conformada por más de una decena de instituciones con alguna vinculación con el tema. Por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Además, el tema está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual obliga al Estado a tomar medidas para proteger a las víctimas y castigar a los traficantes.

Durán reconoció que este delito constituye “un problema de seguridad nacional”. “Es un gran desafío para el Gobierno, que hasta ahora está asumiendo la situación”, agregó la funcionaria.

Actualmente, el Ministerio Público estudia 30 casos que podrían tipificar como trata de personas.

Además, hay un plan de acción de tres partes: la prevención del problema, la atención de víctimas y la defensa y la administración de justicia.

Para la encargada del tema en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Ana Hidalgo, la desinformación sobre este delito y los problemas familiares están entre las causas que pueden volver más vulnerable a una persona para convertirse en víctima de este negocio.

Por ahora, el país está obligado a investigar y procesar estos delitos, a capacitar más a la Policía en este tema y a dar mayor protección legal y social a las víctimas.