Regulación actual solo beneficia a los bancos
La Defensoría de los Habitantes concluyó en su informe que la normativa y las autoridades financieras del país están orientadas a proteger el patrimonio de la banca y dejan desprotegidos los intereses de los usuarios.
El informe indica que “existen deficiencias en la regulación”, pues en ninguna parte de la normativa se indica qué responsabilidad concreta le cabe a los bancos a la hora de dar servicios electrónicos.
Incluso, las directrices de las autoridades supervisoras sobre las transacciones electrónicas se concentran en “la protección del patrimonio bancario”, y no hacen mayores indicaciones en cuanto al patrimonio de los clientes.
“De esta situación las únicas beneficiadas han sido las entidades bancarias”, señala el informe.
La Defensoría explica que el país aún no tiene leyes específicas sobre la atención de estos casos en vía administrativa, pero aclara que la jurisprudencia reciente de los tribunales es clara en aplicar el principio de responsabilidad objetiva, el cual, entonces, debe tomarse en cuenta al brindar los servicios bancarios.
Bajo el principio de responsabilidad objetiva, un comerciante puede ser responsable de un daño producido al consumidor en razón del bien o servicio ofrecido, aun si el hecho que produjo el daño no fue su culpa.
Recomendaciones. La Defensoría considera que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) debe replantear la directriz que emitió en el 2002 sobre tecnología de la información, para atribuir “mayor responsabilidad a las entidades financieras”.
También recomienda a la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) solicitar a los bancos informes trimestrales de los casos de fraude electrónico, “para que sea un documento de acceso público y pueda ser consultado por los interesados”.
No fue posible localizar al superintendente, Óscar Rodríguez.
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La defensora, Lisbeth Quesada, notificó ayer a los bancos. archivo
