La Comisión especial de seguridad ciudadana, de la Asamblea Legislativa, aprobó castigar con penas de seis a 10 años de prisión a quien promueva el tráfico de personas para prácticas de prostitución dentro o fuera del país.
La norma forma parte del proyecto de seguridad ciudadana que fue dictaminado ayer por el grupo.
El presidente de la comisión, Luis Barrantes, destacó que en el país “existe un comercio de personas y esta es la oportunidad para castigar con mayor rigurosidad a quienes cometan este delito”.
El marco legal vigente solo sanciona esta práctica si es de carácter internacional, y dicta una pena de cárcel de tres a seis años.
El legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Olivier Pérez, manifestó que la trata de personas es “una actividad, además de inmoral, declarada ilegal a nivel mundial. Nadie puede aceptar semejante cosa”, dijo el congresista.
“No estamos dispuestos a tolerar esos delitos que denigran tanto al ser humano. El tráfico y trata de personas será sancionado con dureza”, resaltó la socialcristiana Ana Helena Chacón.
El plan, además, fortalece la legislación en torno a la protección de víctimas, testigos y demás protagonistas de los los procesos judiciales, como jueces y fiscales.
De acuerdo con el texto aprobado en comisión, la unidad estaría adscrita al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con recursos provenientes del Presupuesto Nacional de la República.
El plan también incluye reformas al Código Procesal Penal en aras de agilizar la discusión de los casos, así como la ampliación de las causales de prisión preventiva.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Jorge Méndez, reseñó que la prisión se podrá aplicar en aquellos casos donde “medie violencia contra las personas o fuerza sobre las cosas”, lo cual amplía el criterio para que los jueces apliquen el procedimiento.
El proyecto, pasará al plenario una vez esté listo el informe de la comisión, agregó Barrantes.
Ahora, los legisladores de la comisión de seguridad se abocarán a discutir el capítulo de lucha contra el crimen organizado.
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El libertario Carlos Gutiérrez presenció ayer el debate legislativo en un plenario con escasa presencia de diputados. Francisco Rodríguez
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Más recursos para Justicia
k El presupuesto del Poder Judicial para el año 2009 superará el mínimo de ley en cerca de ¢35.000 millones. El nuevo plan presupuesta ¢210.000 millones para los gastos administrativos y la mejora en el procedimiento de aplicación de la justicia, llegando al 7,1% del total de los ingresos del Gobierno.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, defendió el plan ante los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios, augurando agilidad en el aparato judicial.
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