Aires de tragedia en Cuba

 Tras Ike y Gustav, los riesgos de un desastre humanitario son patentes

 La índole del régimen conspira contra una recuperación que evite el colapso

El régimen cubano se ha vanagloriado, tradicionalmente, de su capacidad para movilizar a la población durante las arremetidas de los huracanes y, de es te modo, salvar preciosas vidas humanas. Tiene razón. Gracias a la militarización de amplios sectores de la sociedad, al control vertical que ejerce el Estado sobre las personas y organizaciones, y a su capacidad de imponerse sin límites sobre la voluntad individual y social, el manejo logístico de la prevención ha sido, en general, muy eficaz: como conducir una pequeña guerra.

Pero, tras el éxito oficial en la llamada “defensa civil”, que es un reflejo de la estructura militar, se esconde una debilidad fundamental: su mínima capacidad para la reconstrucción, reintegración y normalización de las actividades sociales y económicas tras los desastres naturales. Esta carencia, que es tan consustancial al sistema como su capacidad movilizadora puntual, parece a punto de adquirir características de tragedia tras el paso de los huracanes Ike y Gustav por la Isla, entre el 30 de agosto y el 9 de setiembre.

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Se estima que 500.000 viviendas han sido destruidas o seriamente dañadas. Se han perdido alrededor del 60% de las cosechas. Los desplazados ascienden a centenares de miles. La infraestructura vial y eléctrica se ha visto seriamente diezmada, lo mismo que varias operaciones industriales; además, el turismo se ha reducido drásticamente. Según el Gobierno, el total de pérdidas podría llegar a $10.000 millones, una quinta parte del producto interno bruto (PIB) estimado por la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Se trata de un demoledor saldo para cualquier país, pero peor aún en el caso de Cuba. Precisamente, debido al carácter controlador, totalitario y profundamente ineficiente de las estructuras socioeconómicas del régimen, no existen condiciones para una reconstrucción razonablemente rápida; tampoco, para una reactivación de la economía. Y a esto se añade la prepotente actitud oficial, de rechazar ayuda de Estados Unidos, con justificaciones estrictamente políticas, que se alejan de consideraciones humanas.

A pesar de sus excelentes condiciones para la agricultura, más de la mitad de las tierras cultivables cubanas están ociosas, debido a que no han existido ni organizaciones productivas adecuadas ni incentivos a los campesinos para que siembren más. Esta es la razón por la que el país debe importar un sorprendente 80% de los escasos alimentos que consume la población de casi 11,5 millones.

Raúl Castro, el nuevo controlador máximo, ha decidido apresurar la entrega de tierras en usufructo (no propiedad), con el propósito de estimular cultivos de ciclo corto, que permitan generar alimentos a corto plazo. Sin embargo, el proceso es sumamente engorroso, las solicitudes para otorgar parcelas tardarán entre 79 y 108 días para procesarse, y el 90% de los productos deberán ser vendidos al Estado, a los precios que este fije, todo lo cual reducirá cualquier posibilidad de reactivación productiva suficientemente rápida y significativa.

Para evitar hambrunas, será inevitable importar más alimentos, pero la generación de divisas para adquirirlos se ha reducido y la “solidaridad” internacional es totalmente insuficiente. A estos enormes problemas se unen el de un profundo deterioro en las condiciones sanitarias, sobre todo por la contaminación, fallas en el suministro de agua y electricidad, e incremento en el hacinamiento humano.

La suma de todos esos factores es lo que levanta, con patente realismo, el espectro de una tragedia. El régimen podría evitarla si, de inmediato, impulsa un proceso amplio y valiente de apertura económica y social, al que siga la política, y se abre sin arrogancias a la ayuda externa.

Hasta el momento, sin embargo, no parece en disposición de hacerlo, lo cual implica, ni más ni menos, que acumular presiones que podrían conducir al descalabro total.