Justicia pronta y medida

 La medición y acreditación del desempeño judicial es una iniciativa visionaria

 El nuevo esquema complementará los existentes, en aras de una mejor justicia

La decisión que ya está en curso en el Poder Judicial, para poner en marcha el próximo año un proceso que mida y evalúe de forma sistemática el desempeño de sus juzgados, es una iniciativa visionaria, que podrá contribuir de manera directa a mejorar la eficiencia y el servicio de esos despachos, de sus funcionarios y, por ende, de la administración de justicia en general. Aunque, como ocurre con todo cambio institucional de importancia, es lógico que despierte inquietudes entre muchos jueces y sus colaboradores, lo que se impone de su parte no es el rechazo que, prematuramente, han manifestado mediante la principal organización que los cobija, sino la participación en el proceso, para mejorarlo en lo que quepa.

La idea de impulsar, de forma ordenada y progresiva, un sistema que permita acreditar el desempeño de los juzgados, no es nada extraño como concepto, aunque sí novedoso en el ámbito judicial. Desde hace décadas, y de manera creciente, en distintas actividades se han venido implantando sistemas para evaluar las normas, procedimientos y rendimientos de los procesos, sea en la salud, la producción o la educación. El objetivo es mejorar la prestación y, a la vez, acreditar la calidad ante los usuarios o consumidores. De este modo, gana la sociedad, al contar con mejores productos y servicios, pero también ganan las personas y organizaciones que los generan, al mejorar su eficiencia, su rendimiento y su capacidad de adaptación a nuevos retos.

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Existe, entonces, un amplio bagaje conceptual y metodológico a partir del cual el Poder Judicial, con sus características particulares y sus dinámicas propias, puede implantar su propio sistema. Para esto, tal como informamos en nuestra edición del martes, la Corte Plena creó una Comisión de Acreditación Judicial, que preside el magistrado Gerardo Vega, entusiasta impulsor de la idea, y en la cual también participan un representante del Consejo Superior de la Judicatura y otra de la Asociación Costarricenses de Juezas. La primera ronda evaluadora tendrá el carácter de plan “piloto”, a partir de enero próximo, y se aplicará a 100 de los 1.000 jueces que, aproximadamente, existen en el país.

La intención con todo esto es que se puedan “acreditar” juzgados según su desempeño en relación con una serie de indicadores de calidad y procesos de evaluación sistemáticos. No es, por tanto, un intento de interferir en la autonomía de los jueces, sino de estimular una prestación de justicia tan sólida como ágil y oportuna.

La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), principal organización de jueces del país, basa su oposición en el argumento de que “siempre han sido evaluados”, y que esta tarea corresponde, por ley, al Consejo de la Judicatura. Lo que no ha tomado debidamente en cuenta la Acojud, sin embargo, es que el modelo de acreditación de juzgados se enmarca dentro de los esfuerzos por mejorar la calidad en el desempeño general del Poder Judicial; por esto, no choca con otras instancias de evaluación, sino que las complementa, de forma compatible con la normativa vigente.

Lo que se impone, no solo de parte de los jueces, sino de todos los funcionarios judiciales, es tener una actitud de apertura al cambio bien orientado (como este), de entender la justicia en función de los usuarios, y de demostrar, con un desempeño cada vez mejor, que el Poder Judicial es fiel a su importancia institucional y retribuye plenamente el esfuerzo presupuestario nacional.

Confiamos en que, conforme la nueva iniciativa tome más cuerpo, se difunda mejor y produzca sus primeros resultados, y la oposición y dudas de hoy se conviertan en apoyo y compromiso mañana, por el bien del país y del sistema judicial.