Jefe de Avalúos del MOPT actualizó monto tras heredar propiedad

Perito revaluó su finca antes de ser expropiada por el MOPT

 Encareció en ¢46 millones finca requerida por el Santamaría

 Diputados advierten que jefe debió abstenerse de participar en proceso

Doce días después de convertirse en heredero de un terreno que el MOPT necesita expropiar, el jefe de Avalúos de ese ministerio elevó el precio que la institución deberá pagar por la propiedad.

Así, mediante un ajuste por inflación, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) pagará ¢46 millones más por un lote requerido para el Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.

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El 12 de noviembre del 2007, el Gobierno declaró de interés público un terreno de 7.000 metros cuadrados ubicado en el distrito Río Segundo, 200 metros al este del Aeropuerto, junto a la carretera General Cañas.

Según la resolución, la propiedad debía ser expropiada para permitir a Aviación Civil instalar las luces de aproximación del Santamaría y, un mes antes, la oficina de Avalúos del MOPT valoró la finca en ¢390 millones.

Dichas luces son urgentes para facilitar el aterrizaje de aviones cuando llueve o hay neblina. La terminal carece de esos dispositivos desde hace cuatro años.

Herencia. El terreno pretendido por el MOPT perteneció a Noé González Herrera, ya fallecido. El inmueble es parte de una herencia cuya distribución se tramita en un juzgado de Alajuela entre al menos 13 herederos.

El 11 de enero pasado, el Ministerio pidió a Aviación Civil depositar ¢390 millones en un juzgado contencioso administrativo para realizar la expropiación judicial, donde un juez decidiría el precio.

Pero, el 6 de junio, una de las herederas del terreno, en su condición de albacea, informó al MOPT de que los herederos venderían el lote en forma directa a Aviación Civil para evitar la disputa judicial.

La heredera Flory Ocampo González pidió que el monto del avalúo fuese depositado en la Procuraduría General de la República para proceder con la venta y, además, pidió actualizar el avalúo.

Mes y medio después, Fabio Ocampo González, otro de los herederos, cedió su derecho sobre la herencia a Henry Gerardo Soto Ocampo, jefe del departamento de Avalúos del MOPT.

Soto aceptó ese acto el 24 de julio en el Juzgado Civil de Alajuela. A la vez, el juez autorizó a la albacea a vender la finca “en un monto no menor de lo establecido”.

Doce días después, el 5 de agosto el jefe de Avalúos del MOPT y nuevo heredero del terreno firmó una revalorización del lote por concepto de inflación. Así, el valor pasó de ¢390 millones a ¢436 millones.

Luego, el caso fue remitido a Aviación para concretar la compra, la cual aún está pendiente.

Jefe dio orden. En el segundo avalúo también participó el perito Eduardo Brenes, pero este dijo que solo firmó a solicitud de su jefe, pues fue Soto quien hizo el estudio.

Brenes añadió que la actualización del precio está permitida por la Ley de Expropiaciones, según la cual los dueños pueden pedir ajustes según los índices de inflación si aceptan el valor del bien y hubiesen transcurrido más de seis meses sin que se les haya pagado.

Consultado por este medio, Soto respondió que el expediente debía ser consultado en Aviación Civil.

El funcionario se negó a ampliar la conversación, pero alegó que el ajuste obedeció a un “cálculo matemático” que se hace en forma automática, el cual firmó porque era su “responsabilidad” como jefe. “No hay nada ilegal”, afirmó.

Fabio Ocampo, heredero que cedió su derecho , dijo que lo hizo porque Soto es su primo segundo y, este año, le hizo trabajos “muy calificados y eficientes” para aclarar dudas ante la Procuraduría sobre la finca expropiada.

“Él trabajó con la abogada de nosotros toda una mañana y no cobró ni un cinco. Ese derecho mío se lo adjudiqué a él. Cuando venga la expropiación, la parte mía le corresponde a él. Es una coincidencia”, aseveró Ocampo.

Soto incluso elaboró el plano de catastro de la propiedad en disputa en el 2005.

En carta enviada al MOPT, los diputados Alberto Salom y Marvin Rojas consideraron que Soto debió eximirse de participar en el proceso, pues su acto podía derivar en beneficio personal.