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Rodolfo Cerdas |
Politólogo
Es tan obvio el intento gubernamental de engañar, que su manejo de las relaciones con China Popular, tan convenientes y necesarias, es otro ejemplo de desinformación y mentira. Tanto así, que con las de Taiwán y el BCIE, la Contraloría ya envió el primer caso a la Fiscalía. Se ha mentido sin recato; se ha encubierto con fruición; se han ignorado las preguntas de la prensa con desdén; y, a pesar de las advertencias en contra, se ha violado la Constitución.
Gracias al recurso de amparo de La Nación , se conocieron los acuerdos con China; y por orden judicial Hacienda dio informaciones verbales, pensando así tranquilizar a la prensa. Pero, de nuevo, La Nación exigió documentos que finalmente develaron las trapisondas diplomáticas y financieras del Gobierno. La Vicepresidenta, bajo presión, lanzó su “decreto” para que “de hoy en adelante no se oculte nada”. Pero, si la Constitución no se respeta, ¿se acatará su “decreto”? Además, ¿conocía ella lo ocurrido, o no? Si sí, muy malo. Y, si no, peor.
Responsables son el Presidente y su hermano, los ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda, y el multiuso y ubicuo representante tico ante el BCIE. El embajador Burgués fue un posible chivo expiatorio que no sirvió –como Casas y Berrocal–, porque los echó al agua: no estuvo en la firma de los acuerdos y los advirtió de los vicios de inconstitucionalidad.
Ocultamientos, mentiras y adivinanzas son ya distintivos de esta administración. Aunque están muy bien las relaciones con China, es una desvergüenza la falta de decoro y dignidad del Ejecutivo de haber tenido la mano extendida hacia los dólares de Taiwán, mientras consagraba una traición borgiana ; pero no de Borges, sino de Borgia.
Como si los retumbos de Finlandia y Alcatel fueran nada, este Gobierno vuelve a minar la fe en la política, a mutilar la credibilidad institucional y a conspirar, para encubrir sus actuaciones, contra la libertad de información.
La tardanza de la Sala IV alarma. ¿Habremos estado a un tris de que se lograra nulificar la libertad de información? ¿Tan grandes son los abusos, que ni siquiera con estos siete meses se pudieron tapar? Hasta el Tesorero Nacional habla de más investigación; y un fantasma recorre la vida política: el de “una empresa oriental intermediaria” que habría intervenido, además del destino de los intereses, las licitaciones del ICE y las visas servicialmente obtenidas por el dinámico representante ante el BCIE.
Hoy nuestra democracia depende institucionalmente, además de una prensa libre acuciosa e independiente, más que de una Asamblea dominada por el temor y la complacencia, del Ministerio Público, de la Contraloría y, ¿con hilitos?, de la Sala Constitucional.
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