Otra carlanca social

 Judesur y el Depósito Libre de Golfito: soluciones sociales a tontas y a locas

 Por muchos años se ha denunciado lo mismo para que se siga siempre en lo mismo

Las efemérides de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) se asemejan a las de otras instituciones públicas encargadas del desarrollo social del país. Las más parecidas son las de la Junta Administrativa y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Al parecer, en la misma pila bautismal, donde se les impuso tan sonoro nombre a estas entidades, se les arrebató su contenido. Hoy solo muestran el nombre de lo que pudo haber sido y no fue.

En una conferencia de prensa, la semana pasada, tal como informamos en nuestra edición de ayer, la contralora general de la República, Rocío Aguilar, declaró categóricamente que no tiene sentido que Judesur siga adelante si no ha logrado resultados en el desarrollo de la región. A lo dicho agregamos que posiblemente sea esta la entidad más ineficaz e ineficiente en el tinglado público del país. Su único logro, desde el jubiloso nacimiento hasta su prolongada agonía, sería convertirla, en beneficio de los estudiantes y de los investigadores, en un modelo nacional de lo que no se hace en cualquier proceso de gestión pública o privada.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Judesur, encargada de la administración del Depósito Libre de Golfito, tal como informamos ayer, tiene engavetados ¢10.700 millones que debieron invertirse en el mejoramiento de la infraestructura, así como en proyectos productivos y servicios de salud y educación, capacitación técnica y planes de interés social en Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires. Este superávit acumulado, desde el 2003 hasta el 30 de junio del 2008, pone en evidencia la miopía de los administradores y directores. Una vez más, la Contraloría denunció, por ello, la mala gestión, colocación, seguimiento y uso de los fondos.

Se comprueba así la brecha existente entre las proclamas sociales y los resultados obtenidos. En lo que va del año, el Ministerio de Vivienda, según comentamos la semana pasada, solo ha invertido el 3% de su presupuesto en el plan de la eliminación de tugurios. En cuanto a Judesur, en junio pasado se creó una comisión integrada por los ministros de Vivienda, Agricultura y Coordinación Institucional para dictar sentencia sobre esta entidad, pero ninguno de los jerarcas ha dado cuentas sobre su labor, pese a los requerimientos hechos. En el mismo mes la Contraloría concluyó: “La Junta continúa siendo una institución incapaz de cumplir con su cometido”.

La reacción de Judesur cierra el círculo. Elberth Barrantes, su director ejecutivo, declaró que ya “empiezan a acatar las disposiciones de la Contraloría”. Dados los antecedentes de esta entidad, este anuncio dice muy poco. Luego, este funcionario manifestó que están trabajando en una reforma a la ley constitutiva. Mas ¿cuál es el problema de Judesur: la insuficiencia legal o la incapacidad de gestión? Los hechos demuestran lo segundo. Se ha afirmado, asimismo, que los recursos no se giran porque las organizaciones sociales no tienen capacidad de ejecución y necesitan soporte del Gobierno. ¿No se habían dado cuenta antes? Pareciera un expediente retórico para culpar a otros de los propios males. Luego sentenció: “El cierre no debe darse porque la institución está operando normalmente…”.

Si se ha planteado el cierre, obviamente no está operando normalmente. Y, como la falta de resultados es de vieja data, pareciera que el cierre es la solución, lo cual exige, a la vez, una investigación cabal sobre el funcionamiento del Depósito Libre de Golfito, que hasta ahora sido también un misterio. Este es el epílogo de decisiones adoptadas a tontas y a locas, como ocurrió en su momento, sin que, hasta ahora, se haya sentado la responsabilidad correspondiente, lo cual no ha de extrañar a nadie.