La Dirección General de Migración tiene datos que indican que los extranjeros interesados en vivir aquí pagan hasta $10.000 a los abogados para que les arreglen matrimonios con costarricenses.
Según Mario Zamora, director general de Migración, el negocio de estos notarios (se calcula que son casi un centenar) se vendrá abajo con el aval que la Sala Constitucional le dio al artículo 67 de la Ley General de Migración.
En febrero de este año, de un grupo de 60 dominicanas detectadas en Jacó de Garabito, Puntarenas, 58 estaban casadas con ticos, pero ninguna conocía dónde vivía su marido.
Las autoridades identificaron a tres dominicanos –naturalizados costarricenses– como cabecillas de la organización: un empresario (dueño de locales en San José), un músico especialista en bachatas y una mujer.
En principio, la red tramitaba visas para estilistas y cantantes, pero eso no hacía más que aumentar las posibilidades de rechazo.
Por eso, el grupo cambió de estrategia. La red utilizaba Nicaragua como puerto de entrada al Istmo. De ahí cruzaban a Costa Rica en forma ilegal (por no tener visa) con un único objetivo: formalizar un matrimonio con algún tico.
Algunas dominicanas admitieron haber pagado entre $170 y $400 a tres abogados de barrio México, en San José. Ellos, según Migración, trabajan para la organización.
Un marzo del 2007, Migración detectó a una red, encabezada por una notaria herediana que recorría la comunidad de Guararí, en busca de vecinos pobres, a quienes ofrecía dinero a cambio de matrimonios con extranjeros urgidos de cédula de residencia.
La organización logró de esa forma decenas de enlaces en los que participaron mujeres, hombres y hasta menores.
Al igual que ocurrió en todos los casos, los vecinos de Guararí recibieron la promesa de que a corto plazo estarían divorciados. Para seis mujeres que ya tramitan la anulación de los enlaces –presentaron denuncias ante Migración–, su situación se ha convertido en un tormento.
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Eilyn Madrigal se casó por ¢40.000 con un italiano al que nunca conoció. Ella es vecina de Guararí de Heredia y la ‘reclutó’ una abogada. Archivo
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