Denuncia de la CGR del caso Taiwán ante Ministerio Público

Contraloría: Vivienda usó fideicomiso para evadir controles

 Entidad dice que fideicomiso fue una ficción jurídica para evitar fiscalización

 Se hizo, dice, para ocultar verdadera naturaleza de los fondos recibidos

La Contraloría General de la República (CGR) dice que el fideicomiso creado por el exministro de Vivienda, Fernando Zumbado, con la donación taiwanesa por $1,5 millones, “no fue más que una ficción jurídica” para evadir controles.

El argumento es parte de la denuncia penal presentada el 2 de setiembre ante el Ministerio Público.

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La denuncia, firmada por los funcionarios de la División de fiscalización operativa y evaluativa de la Contraloría, Luis Fernando Campos y Wálter Ramírez, y de la que La Nación tiene copia, dice que la “ficción jurídica” se hizo para “ocultar la verdadera naturaleza de los fondos recibidos por el Ministerio de Vivienda”.

El 6 de febrero del 2007, y a petición de Fernando Zumbado, se firmó un contrato de fideicomiso entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de Taiwán.

El fideicomiso era para administrar la donación taiwanesa que iba a financiar el programa “Mejoramiento barrial y gestión de programas sociales innovativos”. Sin embargo, el Mivah gastó el dinero en consultorías y equipo de cómputo.

Según Campos y Ramírez, el fideicomiso se creó para “distraer de los controles normativos, presupuestarios, contables y de fiscalización”, los dineros de Taiwán.

Los fondos girados al Gobierno eran para mejorar la calidad de vida de 600 familias pobres en Rincón Grande de Pavas, en San José.

El 3 julio, cuando La Nación reveló que los dineros de la donación se habían “redireccionado”, el exministro Zumbado aseguró que los recursos taiwaneses tenían “una naturaleza distinta” y que no eran fondos públicos.

Empero, el documento dice que desde que se materializó el depósito del primer tracto de la donación en el BCIE, las autoridades del Mivah debieron considerar esos dineros como fondos públicos y ejecutarlos como tales.

La CGR basa el argumento en un pronunciamiento de la Procuraduría que dice que cuando una donación se hace efectiva y tratándose de una donación monetaria al Gobierno, es necesario que esos fondos se reflejen en los respectivos presupuestos públicos.

Por lo tanto, dice la Contraloría, el Mivah “no podía bajo la ficción jurídica de un contrato de fideicomiso” delegar la administración de los fondos al BCIE.

El documento, según dijo el jueves en el Congreso la contralora Rocío Aguilar, es la primera parte de la investigación que sobre este caso realizan Campos y Ramírez.

Sin control. La investigación resalta que “el contrato de fideicomiso” entre las partes “no fue más que un mecanismo ficticio para ejecutar los recursos fuera de todos los controles establecidos por la legislación costarricense y para darles una naturaleza aparentemente distinta a la que verdaderamente les correspondía”.

El texto aporta como prueba cartas, documentos y correos electrónicos e indica que todo hace “presumir” que lo que pretendió el Ministerio de Vivienda fue “distraer del control normativo, presupuestario y de fiscalización” los fondos y darles “una apariencia jurídica diversa, es decir que no se trataran como fondos públicos”.

Defensa. Federico Campos codefensor de Fernando Zumbado, expresó que la denuncia de la CGR “constituye solamente una petición (…) para que el Ministerio Público investigue si los hechos y el nuevo criterio técnico que ahora esbozan –contradiciendo uno anterior–” constituyen algún delito.

El 16 de mayo del 2007, la Contraloría respondió una consulta del auditor del Mivah, Adolfo Rojas, sobre la legalidad del fideicomiso y en esa oportunidad la CGR dijo que “no son fondos públicos”.

Sin embargo, en la denuncia ante la Fiscalía, el ente contralor aclara que cuando emitió el criterio jurídico sobre la naturaleza de los fondos, en mayo del 2007, el Mivah no aportó en primera instancia los elementos con que cuenta ahora para hacer la valoración correcta y por ello varía de criterio y sostiene que la donación taiwanesa debió ejecutarse como fondos públicos.

El abogado insistió en que Zumbado no pidió constituir el fideicomiso, sino que fue una condición del gobierno de Taiwán para entregar la cooperación.

No obstante, una carta del 22 de setiembre revela que Zumbado solicitó al embajador taiwanés Tzu-Dan-Wu que transfiriera la donación al BCIE.