La Contraloría General de la República denunció ayer que el Ministerio de Vivienda se encuentra en un estado de parálisis.
Durante los primeros seis meses del presente año, esa cartera apenas fue capaz de ejecutar el 3% de su presupuesto anual de ¢21.800 millones.
En todo ese tiempo no gastó ni siquiera un colón de los ¢20.000 millones destinados a erradicar precarios y entregar bonos comunales que mejoren la infraestructura en barrios pobres.
La nula inversión en el primer semestre del año deja muy mal parado a uno de los programas más ambiciosos de la administración Arias.
Con ese atraso en la inversión, es casi imposible que el presidente Óscar Arias pueda cumplir en lo que resta de su gestión (20 meses) el compromiso de erradicar 20.000 tugurios.
A la fecha, el cumplimiento apenas suma 5.000 casas de interés social nuevas.
Según la Contraloría, este año el Ministerio de Vivienda obtuvo un presupuesto de ¢21.842 millones, lo cual representó un crecimiento del 495% en comparación con el 2007, cuando el plan de gastos no superó los ¢4.404 millones.
El grueso del presupuesto del 2008 son ¢20.000 millones que iban dirigidos a precarios y bonos comunales, pero el Ministerio no ha tocado un cinco de ese monto.
Rocío Aguilar, contralora general de la República, se mostró ayer sorprendida por la “casi nula ejecución” de esa cartera, pues en el resto de instituciones públicas el promedio de ejecución a mitad del año ronda el 42%.
Así consta en el informe sobre Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público durante el primer semestre del 2008.
Según Aguilar, este nuevo ejercicio de la Contraloría señala los atrasos en la ejecución de los presupuestos a mitad del año, cuando todavía se pueden invertir los fondos.
Vivienda se sacude. Clara Zomer, nueva ministra de Vivienda desde el pasado 21 de agosto, tras la renuncia de Fernando Zumbado, aseguró ayer que la escasa ejecución del 2008 se debe a circunstancias muy particulares.
Alegó que el dinero para la erradicación de tugurios no lo ejecuta el Ministerio, sino que este debe transferirlo al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), ente encargado de tramitar bonos.
“El Ministerio de Vivienda no ejecuta programas de vivienda, sino que articula, fiscaliza y determina las políticas. El que tiene los recursos para financiar programas de vivienda es el Banco”, agregó Zomer.
No obstante, en los primeros seis meses del año, el Ministerio tampoco había transferido los fondos al Banhvi para construir viviendas de interés social.
Otras críticas. La Contraloría evaluó otros ministerios e instituciones públicas, donde el porcentaje de ejecución promedio no superó el 42% en el primer semestre.
En el caso del Ministerio de Seguridad, la Contraloría criticó que todavía no se han invertido ¢2.967 millones para la infraestructura penitenciaria.
Además, acusó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de haber ejecutado solo el 21% de sus fondos totales por ¢61.715 millones.
La ministra Karla González sostuvo que, al 30 de junio, su despacho ya había comprometido el 77% del total (¢47.419 millones). Colaboró Marcela Cantero.
FOTOS

Los ¢20.000 millones sin ejecutar hasta el 30 de junio pasado son para erradicar precarios en el país. Archivo

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