El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) se quedaría sin presupuesto para el próximo año, si la Contraloría General de la República no revisa antes los ajustes relacionados con el despido de la mitad de su planilla.
La Contraloría advirtió la necesidad de revisar las justificaciones legales que sobre los despidos de 60 empleados dará la entidad del Gobierno encargada de ayudar a las municipalidades y promover la descentralización.
“Las modificaciones de presupuesto tienen que pasar por la Contraloría porque es la única forma que podamos tener el panorama claro de cómo se va a resolver esta situación frente al presupuesto del 2009”, advirtió ayer la contralora, María Rocío Aguilar, ante los diputados encargados de analizar proyectos relacionados con las municipalidades.
Sin embargo, destacó que el despido de funcionarios es una potestad del IFAM.
“Las modificaciones presupuestarias vinculadas a ese movimiento de recurso humano deben ser previamente aprobadas por la Contraloría”, recalcó Aguilar.
La jerarquía del IFAM decidió reducir a la mitad su personal para hacer frente al pago de millonarios beneficios a los cuales tienen derecho 30 sus empleados, por decisiones de las autoridades de otras administraciones.
Si las autoridades de 1995 hubieran hecho caso de las advertencias de la Contraloría, esta situación no se estaría dando, señaló Rocío Aguilar, según el comunicado de prensa del Congreso.
“Lo peor que podría estar es en el panorama es una institución que se va a morir en el tiempo porque la planilla no le permite subsistir. O sea, la propia institución se come a sí misma porque no hay como sobrevivir”, dijo la Contralora.
Ayer fue imposible localizar a Fabio Molina, presidente ejecutivo del IFAM, quien semanas atrás explicó que la situación financiera de la entidad se tornó “insostenible”, con un déficit de unos ¢300 millones.
Este año debe pagar ¢1.500 millones a 30 empleados, que tienen derecho a pagos retroactivos, según ordenó un pronunciamiento de la Sala Segunda.
El presupuesto del IFAM para el 2009 es de ¢6.737 millones.
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Rocío Aguilar: la Contraloría General debe aprobar recursos para los despidos en el IFAM. Archivo
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