Adquisición de 5.000 unidades antibalas por $2,5 millones

Berrocal llamado a explicar compra de chalecos blindados

 Exministro de Seguridad contrató firma por ‘urgencia’; luego pidió prórrogas

 Berrocal dice que hoy aclarará señalamientos en audiencia pública

La Contraloría General de la República (CGR) citó al exministro de Seguridad, Fernando Berrocal, a una audiencia pública en la que deberá dar explicaciones sobre la “contratación irregular” de una empresa por $2,5 millones.

El órgano contralor deberá determinar si hubo “dolo o culpa grave” en las actuaciones tanto de Berrocal como de otros cinco funcionarios involucrados, quienes ejercerán hoy su derecho de defensa en la audiencia “oral y pública”.

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Para la Contraloría, se podría desprender una “actuación irregular, negligente, descuidada y culposa por parte de los señores investigados”, lo cual podría acarrear sanciones que van desde una amonestación hasta prohibición de ejercer cargos públicos por entre dos y ocho años.

La contratación cuestionada se realizó a finales del 2007 con la empresa española Fedur S. A., de Zaragoza, que le vendió al Estado 5.000 chalecos antibalas, 1.100 cascos antidisturbios, 7.310 varas policiales y 1.100 escudos de protección por casi $2,5 millones.

Berrocal dijo que dará explicaciones detalladas en la audiencia pública, pero señaló que el proceso de compra no fue realizado por su despacho, sino por una comisión de varios funcionarios.

“Sin eludir mis responsabilidades como superior jerárquico, cada funcionario es responsable por sus actos”, indicó por escrito.

No obstante, la Contraloría cuestiona actuaciones del exjerarca, que dejó el cargó en marzo.

Urgencia. El proceso de contratación se inició en octubre del 2007, cuando Berrocal solicitó a la Contraloría autorización para hacer una compra directa de “urgencia”. El alegato fue que la vida de muchos policías corría riesgo por falta de chalecos antibalas.

El órgano contralor aprobó la solicitud y el rápido plazo de entrega del equipo fue un “factor determinante” en esa decisión.

Sin embargo, Berrocal luego solicitó varias prórrogas para las entregas del equipo y la Contraloría denegó una. Pese a ello, el entonces ministro firmó un contrato que en términos prácticos dio más tiempo a la empresa.

Según la Contraloría, Berrocal solicitó pasar la fecha de la última entrega del 15 de enero a la segunda quincena de febrero del 2008, pero esa posibilidad se denegó, por considerar que “se estarían burlando las causas que originaron la contratación directa”.

Una de las razones por las que se eligió a esa empresa en lugar de otras interesadas fue porque era la única que podía cumplir con el plazo fijado. La Contraloría incluso le advirtió a Berrocal que estaría “vigilante del cumplimiento” de las condiciones acordadas.

Sin embargo, unos días después Berrocal firmó un contrato en el cual se modificó el lugar de entrega de la mercadería. En vez de entregarse el 15 de enero en las bodegas del Ministerio, se permitió la entrega en esa misma fecha pero en un puerto en España.

Según la Contraloría, tanto Berrocal como el director jurídico, Jeiner Villalobos, habrían incurrido en un acto “lesivo al interés público de contar con prontitud con los útiles y equipos contratados”, y “presuntamente faltaron a su deber de salvaguardar los bienes y derechos del patrimonio público”.

Villalobos declinó referirse al tema por estar bajo investigación.

Más problemas. El Ministerio, además, recibió la mercadería y tramitó los pagos a Fedur a pesar de que la garantía de cumplimiento de la firma no estaba vigente.

La empresa estaba obligada a depositar el 10% del valor del contrato como garantía de cumplimiento, con una vigencia de seis meses; pero ese requisito se cumplió más de dos meses después de entregado el equipo y tuvo una vigencia de apenas tres meses.

Berrocal conocía la situación y “pese a ello no ordenó la adopción de ninguna medida correctiva (...) Además de darse una ejecución contractual irregular, se puso en riesgo la posición del Ministerio”, concluyó la Contraloría.

Adicionalmente, el Ministerio aceptó correr con gastos (comisiones relacionadas con la apertura de una carta de crédito internacional para tramitar el pago a la empresa) que correspondían al contratista.

A juicio de la Contraloría, ello le generó un “daño cierto y determinado al erario público”, y dos funcionarios que ejecutaron los trámites podrían tener eventual responsabilidad civil (restituir el dinero).

Sobre esos aspectos, Berrocal dijo que no hubo daño al Estado y que lo demostrará en la audiencia.

La Contraloría autorizó esta compra con la condición de que el contrato fuera aprobado por la Asesoría Jurídica del Ministerio, pero eso tampoco se cumplió. La aprobación se dio en abril, meses meses después de recibida y pagada la mercadería. Lo anterior fue de conocimiento de Berrocal, quien además hizo un acto público para entregar parte del equipo a la policía, a sabiendas de que no había firmado el contrato.