El péndulo Estado-mercado

 El equilibrio entre Estado y mercado consiste en la buena política

Politólogo

Ivo Hernández, coordinador de Altos Estudios de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.

La reciente crisis financiera mundial probablemente nos sirva para aprender varias cosas si de extraer enseñanzas se trata. Por una parte, nos muestra la fragilidad del entramado arquitectónico de algunas instituciones, basadas más en la ambición individual como combustible que en una visión preclara de la política económica, pero, por otra, nos revela lo cercano e interconectado del tejido sociopolítico mundial.

El mundo de la economía es cada vez más, obviamente, una sucesión de fichas de dominó en equilibrio, en donde cualquier error individual puede dar al trasto con todos en conjunto. Sin embargo, como lo de la interconexión financiera no es algo nuevo, veamos qué nos dice el pasado, que nos pueda alumbrar en el presente y ayude para el futuro.

Coincidencia de extremos. A contramarcha de la prédica monetarista que se inició a toda vela con los gobiernos de Reagan y Thatcher en los Estados Unidos e Inglaterra, respectivamente, y que para nosotros los latinoamericanos comenzó después del default mexicano de 1982, el siglo XXI pretende volver por los fueros de la intervención del Estado en la economía. Es como si un péndulo histórico quisiera mostrarnos las falacias funcionales producidas en ambos modelos, el keynesiano y el monetarista, cuando se pretende llevar sus propuestas ideológicas al extremo.

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En los 80, primero, y luego en los 90 se nos enseñó por las duras que el mercado era un ente que sabía autorregularse ante las presiones que la sociedad o él mismo generaban y ejercían. El Estado, su contraparte estructural, quedaba entonces reducido a una visión que habían adelantado pensadores como Nozick bajo el término “Estado mínimo”, circunscrito a proveer salud, educación y seguridad.

Más allá de esto era pedir demasiado, y, en cualquier caso, intervención indeseable. La política pasaba a ser una sombra acomodaticia de la economía, y parecía pesar menos. Tal aseveración, aunque marxista en esencia, venía de los ejes financieros y capitalistas del mundo, entre ellos el ahora desprestigiado Fondo Monetario Internacional. Los extremos parecían coincidir.

Nuestros países se lanzaron en bandada por la vía de las prédicas que reforzaban los multilaterales con sus créditos-premios, en jornadas de privatizaciones, de cambio en las reglas comerciales, fiscales y otras más que se comprimieron simbólicamente bajo el nombre de Consenso de Washington, aunque realmente no hubo tal consenso, sino múltiples aplicaciones de esa plantilla.

Ahora bien, estas iniciativas, por tratar de sincerar los gastos en los países y promover presupuestos reales (con déficits menores al 3%), eran a su vez reacciones contra un pasado de “Estados de bienestar” recargados e ineficientes, que habían llevado a casi todas las economías latinoamericanas a esquemas inflacionarios insostenibles a mediano y largo plazo.

Nuevos espejismos. Hoy el péndulo vuelve a cambiar, prometiendo nuevos espejismos y nuevos excesos. Desde hace un par de años, países con Gobiernos que reiteradamente se autoproclaman como de izquierda, aunque en sentido estricto dudosamente lo sean, procuran centralizar toda acción económica y política en el Estado. Los movimientos han sido claros en este sentido: Venezuela, Argentina y Bolivia, por citar ejemplos conocidos, revierten anteriores privatizaciones comprando o expropiando (según sea el caso) a sectores productivos que hace tiempo dejaron de ser propiedad pública.

Se divulgan como válidas las antípodas de los monetaristas de antaño: es el Estado el que sabe administrar mejor lo que es “de todos”. La crisis financiera originada en Estados Unidos no engendró esta tendencia, pero probablemente la refuerce, dando cabida a la retórica encendida contra el libre mercado.

El problema en Latinoamérica es que mediante dolorosas experiencias sabemos que la administración pública tiene objetivos claros en donde su acción es determinante, pero manejar un pool de empresas de diversos campos (desde minería a hoteles) no es su oficio. No es para eso que se instituye el pacto social.

Con ese mismo dolor histórico sabemos que el mercado sin regulaciones promueve la ley de la jungla, donde ganan los fuertes política y económicamente hablando, y perecen los excluidos. Sin embargo, ni la sociedad es una selva ni el hombre un simple animal. El equilibrio solvente es la buena política. Ese discernimiento es lo difícil.