Una buena resolución

Abogado

Estando fuera del país me entero de que la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta hace unos meses en mi condición de defensor público contra algunos artículos de la ley de penalización de violencia contra las mujeres. La resolución, cuyo voto completo no estará redactado sino hasta dentro de varias semanas, debe ser motivo de regocijo para quienes creemos que el nuestro es un Estado de derecho en el que los principios de seguridad jurídica y legalidad son los únicos pilares fundamentales sobre los que es posible construirlo.

Estoy absolutamente convencido de la necesidad de que se realicen acciones que busquen proteger a un grupo social –el de las mujeres– que ha debido durante más de cinco mil años soportar diferentes formas de vejación y dominación en un modelo patriarcal deleznablemente opresor y discriminante. Eso no está en discusión, ni la acción fue incoada por pensar cosa distinta.

Necesaria claridad. La gestión ante el Tribunal Constitucional se presenta porque para muchos que atendíamos diariamente asuntos relacionados con la ley cuestionada resultaba obvio que los artículos anulados violentaban la garantía que tenemos todos(as) los(as) ciudadanos(as) de que, si el Estado nos quiere sancionar por haber cometido un delito, al menos tengamos claridad sobre cuál es la conducta específica que justifica una punición. Eso es lo que debe entenderse y fue eso lo que se discutió. Tan sencillo y elemental como se lee.

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Lo que ahora me motiva a escribir estas líneas es la forma airada en que algunas autoridades del Inamu y la Defensoría de los Habitantes salen al paso de la resolución de la Sala. Vamos por partes:

Hay una primera enseñanza, a quienes les toca legislar deben hacerlo bien, es muy fácil rasgarse las vestiduras y culpar a otros. Sin embargo, el frío no está en las cobijas. La conclusión es categórica los diputados –por las razones que sean– redactaron mal la ley. Aquí la máxima del famoso florentino no cabe: el fin no justifica los medios. No se trata, en suma, de buscar garantías eliminando otras. Esa no es la lógica de un sistema liberal democrático.

Lo que procede ahora es que los responsables directos de desarrollar políticas inteligentes y efectivas de género resuelvan el entuerto y esto no es tarea del Poder Judicial, al menos si seguimos creyendo en Montesquieu. Si la idea es continuar haciéndolo con leyes penales pese a su probada ineficacia –durante el periodo de vigencia de la normativa de marras han muerto más mujeres por violencia doméstica que antes de su promulgación– pues adelante, que lo hagan, pero al menos respetando los principios que no fueron incorporados en la ley impugnada.

Con este voto las mujeres no quedan sin mecanismos legales para enfrentar judicialmente los problemas de violencia doméstica. Se anularon dos artículos de una ley, el resto sigue vigente –lo deseable sería que luego se cuestionen otros–, pero, además, existen instrumentos como la ley de violencia doméstica y, por supuesto, otras figuras del Código Penal que también son aplicables. Tampoco habrá, como afirmó alguien, una desbandada de hombres agresores de la cárcel. Esta ley es tan amplia que no conozco un solo caso en que alguien denunciado por infracción a la ley en cuestión lo sea por una sola figura. Los tipos penales son tan imprecisos que, por ejemplo, lanzar un improperio –acción de por sí reprochable: de nuevo ese no es el punto– encuadra en tres o cuatro artículos distintos. Así que eso ocurrirá hasta que poco a poco se vayan impugnando todos los numerales o bien los legisladores procedan ex ante a hacer las modificaciones que se requieren.

Respeto a instituciones. Finalmente yo esperaría que esta resolución no sea un nuevo pretexto para despotricar contra el Poder Judicial o la Sala Constitucional y atribuirles, tan cómodamente como en otras ocasiones ha pasado, la responsabilidad por los males que aquejan a nuestra sociedad. La ignorancia es atrevida, pero además puede ser muy dañina cuando con ella se desestabilizan algunas instituciones.

Quienes trabajamos en esto estamos acostumbrados a que los tribunales a veces digan sí y a veces digan no. Enhorabuena, ahora dijeron sí. No queda otra cosa que con humildad trabajar y rectificar en lo que se hizo mal y eso sin duda lo agradeceremos por igual mujeres y hombres.