Los periodistas no son criminales

 Una ley mordaza como la que propone cárcel para periodistas es inadmisible

Periodista

Como periodista y como asesor legislativo, uno se acostumbra a ver acciones que rayan en el abuso. Así ha ocurrido con múltiples propuestas de ley a las que se les incorporan mociones excesivas, desproporcionadas e irracionales.

Este es el caso de la incorporación a las reformas electorales, de la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que se sancione con penas de dos a seis años de prisión a los directores de medios de comunicación que incurran en el irrespeto de la veda de publicación de encuestas en período de elecciones.

Impresionante celeridad. Cuando me enteré de la propuesta, de inmediato me dio vergüenza ajena, pero más me sorprendió ver la agilidad con la que los diputados y diputadas actuaron para incorporar la modificación. Celeridad que nunca he visto para aprobar la Ley de Libertad de Expresión y Prensa.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Desde que en el 2001, los directores de medios de comunicación presentaron ante la Oficina de Iniciativa Popular el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Prensa, me involucré de lleno en el trámite de la iniciativa. Logramos impulsar la creación de dos comisiones especiales para estudiar el tema, pero finalmente me di por vencido. Siete años después el proyecto sigue sin aprobarse.

Ley mordaza. Ahora, en un nuevo atropello a la prensa, se quiere aplicar una ley mordaza. Me llaman la atención las declaraciones de los impulsores, que aseguran que se necesitan sanciones fuertes para “persuadir a los infractores de no cometer el delito”, cual si se tratara de los más viles delincuentes.

Creo que el periodismo en Costa Rica pasa por un momento de crisis en el que la noticia “liviana” ha pasado a dominar el escenario de muchos de los medios; en el que algunos colegas violentan principios éticos en sus entrevistas y notas informativas, en que el espacio para la buena noticia es cada vez menor, en que la investigación ha cedido a la cursilería.

Sin embargo, esto no significa, en ninguna circunstancia, que se pueda aceptar un amordazamiento a los medios de comunicación y especialmente a sus directores y periodistas, con una acción irracional como la promovida en el proyecto de ley.

La presentación de encuestas en una campaña electoral es un fantasma, un espejismo. Ha sido evidente en el pasado cómo las encuestadoras han provocado efectos negativos más bien en los candidatos o partidos que se perfilan como ganadores.

Particularmente, participé en la presentación de una encuesta en 1994, cuando el periódico Al Día lanzó la exclusiva a las 6:01 p. m. de ese primer domingo de febrero en el que José María Figueres había ganado las elecciones. Fue una experiencia enriquecedora como reportero y como persona que, de seguro, no alteró en nada los resultados.

Quizá una herida sangra en el corazón de muchos, como también serán muchos los que se sientan aludidos y golpeados por las publicaciones periodísticas. Tenemos demasiado que aprender, pero una ley mordaza de esta naturaleza es inadmisible en un país como el nuestro; jamás se debería aceptar que a los directores y periodistas se les trate como mafiosos.