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Costa Rica, Jueves 9 de octubre de 2008

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Tribunal tardó dos años en resolver acción presentada por ANEP

Costo de muelle en Caldera se duplica por atraso en Sala IV

 Proyecto valía $23 millones en el 2005, hoy obra supera los $52 millones

 Construcción de puerto granelero debió arrancar hace 19 meses

Vanessa Loaiza N. | vloaiza@nacion.com

La construcción de un nuevo muelle granelero en Caldera cumple 19 meses paralizada por culpa del Estado. En todo este tiempo el valor de la obra, de 200 metros de largo, se duplicó y pasó de $23 millones a $52 millones.

La Sala IV es la principal responsable del encarecimiento del muelle, pues tardó dos años en resolver una acción de inconstitucionalidad y un recurso de amparo que frenaron el proyecto.

En ese tiempo, se disparó el precio del petróleo y materiales como acero y cemento.

Con una diferencia de $29 millones en el precio del muelle, la Sociedad Granelera de Caldera –concesionaria del puerto puntarenense desde hace dos años– ya aseguró que sufre un desequilibrio financiero en su contrato de concesión. Así lo ratificó el gerente general, Julio César Ospina.

La construcción del muelle para descargar materiales a granel (granos, abono o cemento), debió arrancar en febrero del 2007, seis meses después de que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) cedió la administración a un consorcio privado.

Sin embargo, para entonces, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), había interpuesto un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad en contra del proyecto. Édgar Morales Quesada, secretario adjunto de la ANEP, alegó que levantar un nuevo muelle en Caldera “amenaza el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente balanceado”.

Cuando la Sala IV acogió la acción y el recurso de amparo para estudio, también suspendió la construcción del proyecto.

Saturada. El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz, reconoció que “es muy difícil explicar un atraso”.

Sin embargo, alegó que la Sala IV “tiene una sobrecarga de trabajo”, y es responsable de resolver “miles” de amparos por año.

Según aceptó, aún cuando la concesión de puerto Caldera tiene interés para el Estado, los recursos en contra del proyecto no pudieron atenderse con mayor celeridad.

El magistrado sostiene que en ocasiones este tipo de resoluciones se atrasan porque ingresan otros temas “urgentísimos”, como las consultas de constitucionalidad que deben resolverse, a más tardar, en un mes calendario.

El abogado constitucionalista, José Miguel Villalobos, señaló que en estos casos existe una “responsabilidad objetiva del Estado”, porque el atraso de la Sala afectó el equilibrio económico del proyecto.

“El concesionario no es responsable del cambio en las condiciones del contrato; el Estado debe buscar el equilibrio”, explicó Villalobos.

Buscando soluciones. Urías Ugalde, presidente del Incop, confirmó que ya están revisando el reclamo por desequilibrio financiero que presentó el consorcio de capital colombiano-costarricense.

Sin embargo, dijo que están pidiendo más información porque la Sociedad no detalló la variación de precios de los materiales de construcción en los últimos dos años.

Ugalde estimó que en noviembre estará listo el estudio de precios y para entonces tendrá que conversar con la Sociedad Granelera para buscar una solución de pago al desequilibrio financiero.

Esa solución podría incluir el incremento de la concesión, que hoy es de 20 años, un aumento en las tarifas o un pago en efectivo por parte del Estado. Ospina aseguró que una vez resuelto el tema financiero, podrán iniciar la construcción, pues ya cumplieron con todos los requisitos ambientales.

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    El muelle granelero que aún no se construye atendería estos barcos que traen granos y abonos. Albert Marín

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