Lo esencial y lo banal

 La renuncia del viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Láscarez, es una mala noticia por el hecho en sí y por sus causas

 La vanidad no debe interponerse jamás en las tareas constitucionales del cumplimiento del deber y el bien común

‘La Nación’ publicó, el sábado pasado, frente a frente, dos noticias que en modo alguno deben pasar inadvertidas, por referirse ambas al desafío capital de nuestro país: la inseguridad ciudadana. Lo es también el costo de la vida, que lo sienten hondamente en particular los sectores más pobres, pero estos también han de soportar la inseguridad frente al acoso de la violencia y de la criminalidad. Así, su pesada carga de inseguridad es doble.

De acuerdo con informaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 120 testigos se encuentran en grave peligro por la falta de protección policial. Muchas de esas personas –agrega la nota– víctimas de frecuentes y serias amenazas contra sus vidas, rehúsan declarar. De este modo, diversos casos penales en curso quedan impunes. Muchas de estas personas, según declaraciones del director del OIJ, Jorge Rojas Vargas, prefieren asumir las pérdidas y el impacto emocional del delito sufrido antes que declarar. Así una serie de delitos, como homicidios, asaltos, robos de vehículos, extorsiones y secuestros, entre otros, son archivados, pese a que las víctimas o los testigos de estos hechos conocen todos los detalles. Se ha dado el caso de un testigo que, por la coacción sufrida, cambió totalmente su versión. Dos jóvenes fueron asesinados en Limón, la semana pasada, para impedir su testimonio. Por falta de recursos, no se les puede dar protección a estas personas. El cuadro es desolador.

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No hace falta insistir en las graves consecuencias. Triunfa la impunidad, se debilita la labor de los tribunales y, con ella, el Estado de derecho, garantía máxima de las personas; se agranda y afianza el poder de las mafias y de la delincuencia común, se intensifica el comercio de armas y se expande la percepción de una sociedad insegura, con serio detrimento para la confianza de la gente en la institucionalidad. Si le seguimos la pista al proceso de inseguridad ciudadana, a lo largo de estos años, la amenaza contra los testigos representa una dimensión nueva y en extremo preocupante. Sin ánimo de dramatizar, pero fundados en los hechos, cabe preguntarse, entonces, cuál será el siguiente paso del crimen organizado.

Esta segunda noticia está íntimamente relacionada con la primera por cuanto la lucha contra el crimen, el narcotráfico y la delincuencia común resulta improductiva sin un equipo ministerial y policial de muy alto nivel ético, intelectual y de densa experiencia. Desde este punto de vista, la renuncia del viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Láscarez Jiménez, “por roces con la ministra Janina del Vecchio”, según expresó, representa una buena nueva y un estímulo para la delincuencia, y causa de desazón y tristeza para el país. Esta conclusión proviene de la comprobación de que, entonces, no hay conciencia en este ministerio de la magnitud de la tarea y del desafío, dada la inconsecuencia entre esta tarea y los celos de la titular de Seguridad Pública (MSP).

Tal como figura en la carta de renuncia del viceministro Láscarez al presidente Arias, la ministra Del Vecchio se molestó por un reportaje de dicho funcionario en La Nación precisamente sobre la penetración de las drogas y la delincuencia común, un acto informativo de responsabilidad y de transparencia. Según reza la carta, la Ministra le expresó que era a ella a quien correspondía dar estas declaraciones. Por otra parte, en dicha carta, este funcionario reconoce la carrera como educadora de la titular de Seguridad, pero pone en duda sus conocimientos en materia de seguridad. La Ministra confirma su incongruente posición al manifestar que “Láscarez no encajó en el equipo de trabajo”, explicación vaga, que deja de lado la experiencia y conocimientos del Viceministro.

No creemos que pudiera encajar en un equipo de trabajo un viceministro al que su superior le enrostra unas declaraciones objetivas y esclarecedoras en la prensa. Este no es, en resumen, un intercambio insustancial entre dos funcionarios. Se trata de hondas diferencias en materia de seguridad y, de parte de la titular del MSP, en una seria indistinción entre lo esencial y constitucional en su ministerio y lo accesorio o banal.

Esperamos que el presidente Arias le dé a esta carta de renuncia toda la importancia que merece y que preste atención a tres observaciones contenidas en ella: buscar consenso alrededor del reto sin precedentes de la seguridad ciudadana, poner al servicio de este propósito a las personas más capaces y tener en cuenta que, aunque hasta ahora el crimen organizado y la delincuencia común nos han ganado la batalla en todos los frentes, “estamos a tiempo para evitarle al país una gran tragedia de seguridad ciudadana”.