Página Quince Paul Rueda | paulrueda@gmail.com

Evaluación, voluntad y diálogo

 Una meta común: un sistema científico de evaluación en el Poder Judicial

Abogado

En relación con mi artículo “Evaluación de funcionarios judiciales”, respondo la réplica de la Junta Directiva de Acojud, organización a la que agradezco invitaciones a congresos anteriores, donde creo que coincidimos en otros temas (debilidades del gobierno judicial y lucha contra la corrupción).

Dice Enrique Margery Bertoglia que depende de las partes el que los diálogos tensos no generen nuevos conflictos. Sin duda, la evaluación del desempeño, tanto en el Poder Judicial como en otra entidad, es una conversación difícil que despierta emociones intensas, incluso de autodefensa. Por ello, en mi artículo insistí, por un lado, en la necesidad de diálogo (evidentemente entre los responsables: Comisión Institucional de Evaluación de Desempeño, Corte Plena y Acojud) y, por otro, en ver la evaluación como una oportunidad para remediar las precarias condiciones laborales de muchos despachos.

Participación de Acojud. Ante todo, me parece muy positivo que se hable de una meta común: un sistema científico de evaluación del desempeño en el Poder Judicial. Debe reconocerse que este no existe y que el ciudadano, destinatario del servicio de justicia, se lo merece.

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Ahora bien, se arguye que la Acojud, en tanto grupo de interés, no está incluida de modo efectivo en el proceso. Precisamente, en mi artículo subrayé la necesidad de una estrategia tendente a que los diversos estamentos del Poder Judicial –entre ellos, magistrados, jueces y auxiliares– se sintieran participados del proyecto. También propuse una medida sencilla que podría coadyuvar al entendimiento: que la Acojud, antes que salirse de la Comisión, procurara un aumento de su representación.

Se alude también a la presentación ante los Poderes Judicial y Legislativo de un proyecto de reforma a la Carrera Judicial, sustrato normativo que garantizaría la independencia del juez y la justicia pronta y cumplida. En mi opinión, la normativa actual y la jurisprudencia constitucional, si bien siempre mejorables, constituyen base suficiente para tales fines, lo que se pone de manifiesto con la mejor posición de nuestro Poder Judicial con respecto a la mayoría de países latinoamericanos.

Supeditar la implementación de un sistema de evaluación del desempeño a la aprobación de una reforma legal, sería optar por la vía más larga e impredecible. Parafraseando a Margery, el cambio real es inversamente proporcional al discurso: cuanto más hablo de lo que hay que hacer, menos tiempo me queda para hacerlo.

Documento base. En cuanto al documento base elaborado por las Jefaturas de Personal y Planificación, convendría su confrontación con una propuesta alternativa, en la que don Abel Jiménez, no obstante, reconoce que aún se debe trabajar ( Semanario Universidad 17 al 21 de setiembre del 2008), de manera que del examen comparativo resultase una mejor proposición, todo ello previamente a la ejecución de un plan piloto.

Por eso recomendé que en la metodología no se incluyeran puros elementos cuantitativos a fin de evitar la justicia del machote. En todo caso, se tienen que evitar argumentos ad hóminem, tendentes a descalificar una proposición por el mero hecho de que el documento base provenga de dos administrativos. De otro lado, está claro que posterior a tal documento, la propuesta por aplicar en el plan piloto debería resultar de la acción conjunta de expertos en administración pública (quienes sí conocen científicamente el tema de la evaluación) y de jueces (cuya labor sería objeto de la ponderación).

Se critica que el proyecto de la Comisión esté dirigido solo a jueces. Acerca del punto, ciertamente, la evaluación debe ser para todos, incluso autoridades superiores y administrativos. No obstante, si cada estamento judicial empieza por objetar que la evaluación comience por él, el resultado sería que no se evaluaría a nadie.

Un buen modelo se advierte en el proyecto de gestión integral de calidad y acreditación en el Poder Judicial, que ha establecido el desarrollo de planes piloto en un juzgado de Heredia y en la Sala Segunda.

Por lo demás, me parece inaceptable que se desperdicien los fondos públicos gastados durante cerca de dos años sin que de ello resulte un producto. Evitar este desperdicio es responsabilidad de todas las partes.

Finalmente, se me consulta con qué reglas me parecería ser evaluado. La respuesta es simple: con aquellas que resulten de un proceso propositivo, en el que la comunicación así como la formulación y cotejo de propuestas concretas sean siempre las primeras opciones.