Funcionario recibió $90.000 que debían ir a Instituto Geográfico Nacional
Fiscalía pide apertura de cuentas por caso japonés
Juez del Juzgado Penal de Hacienda autorizó petición de fiscal
Exburócrata asegura que utilizó dinero para gastos propios del proyecto
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios solicitó abrir las cuentas bancarias de dos exfuncionarios públicos, investigados por el manejo de fondos donados por el Gobierno de Japón.
La solicitud fue planteada ante el Juzgado Penal de Hacienda en agosto pasado y aprobada poco después por un juez.
La Nación publicó ayer que un funcionario del Instituto Geográfico Nacional (IGN) recibió nueve cheques por casi $90.000 que debieron ingresar a ese Instituto.
El dinero era parte de un estudio de la cuenca del río Tempisque que se realizó entre el 2000 y el 2001, para el cual Japón donó $231.067.
Sin embargo, al IGN ingresaron solo $55.000, mientras el entonces coordinador del proyecto, Víctor Guerrero, recibió $87.120.
Guerrero aceptó haber recibido dinero de los funcionarios japoneses, pero aseguró que fue para agilizar los trámites. Agregó que lo utilizó en gastos propios del proyecto y que tiene recibos para probarlo.
Una parte de los recibos fue cuestionada por la Auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el 2004.
En ese año se ordenó su despido, así como el del entonces director del IGN, Eduardo Bedoya.
El segundo firmó un acuerdo con los japoneses para ejecutar el estudio, pero no exigió el pago adelantado, como correspondía según la normativa legal.
Bedoya explicó que consideró los fondos como una “donación” y por ello eran los japoneses quienes debían manejarlos. Aseguró que desconocía la existencia de los cheques a Guerrero. Según dijo, es normal que los funcionarios manejen algún dinero para viáticos, pero no conocía “esos montos”.
Destino. El Ministerio Público considera necesario tener acceso a las cuentas de Guerrero para “determinar el destino de dichos fondos una vez que quedan en poder del encartado (...) en un lapso anterior y posterior que permita establecer elementos probatorios importantes”.
En cuanto a Bedoya, indica: “Solo analizando la información bancaria se logrará determinar si algunos de dichos dineros efectivamente ingresaron en su peculio particular”.
En este momento la investigación sobre Guerrero y Bedoya, por presunto peculado, continúa abierta.
En total, Japón desembolsó $231.067, de los cuales el IGN recibió $55.000 y Guerrero $87.120.
El destino del resto del dinero fue explicado por funcionarios de la empresa japonesa PCI, encargada por el Gobierno nipón de ejecutar el proyecto en Costa Rica.
Uno de los empleados de esa firma, Akira Nakamura, confesó en una declaración jurada haber falsificado documentos para justificar $49.047.
Además, aseguró haber entregado a Guerrero $13.000 en otro cheque (del cual no se obtuvo copia) y $26.000 en efectivo. Guerrero dijo no estar seguro de haber recibido efectivo, pero afirmó que él nunca lo solicitó.
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La ayuda económica que Japón aprobó para Costa Rica era para hacer un estudio topográfico y cartográfico de la cuenca del río Tempisque. LN
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