La vida de al menos 120 testigos de causas penales está en peligro ante la falta de protección policial.
Muchas de esas personas, víctimas de frecuentes y serias amenazas contra sus vidas, se rehúsan a declarar y los casos corren el riesgo de quedar impunes, según las autoridades.
Sin embargo, ni la Policía Judicial, ni el Ministerio Público y ni Seguridad Pública cuentan con recursos económicos y personal para proteger a informantes y víctimas.
“Muchos prefieren asumir las pérdidas y el impacto emocional que implica el delito de que fueron víctimas antes que declarar. Tienen miedo (...)”, afirmó Jorge Rojas Vargas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Cada vez más homicidios, asaltos, robos de vehículos, extorsiones y secuestros, entre otros delitos, son archivados porque nadie se atreve hablar, pese a que vieron todo y conocen detalles del caso.
De acuerdo con informes de la titular de Seguridad Pública, Janina del Vecchio, hay 120 personas, entre testigos y víctimas, a quienes no se les puede dar protección porque “no tenemos los recursos necesarios”.
La Ministra recordó que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa una ley para la protección de testigos pero “no tiene contenido económico y así no funcionará”.
Complicaciones. El panorama es más grave y complicado, advirtió Del Vecchio.
“Tengo informes de que al menos unos 100 testigos se han rehusado a declarar porque están amenazados y no quieren exponer su vida si no se les protege. Está claro que esto genera impunidad”, aseguró la funcionaria.
Según dijo, con los recursos de su Ministerio solo podría dar protección “de 10 a 15 personas”.
En la actualidad, unos pocos testigos son protegidos por oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), quienes en realidad fueron entrenados para intervenir durante allanamientos de alto riesgo.
Del Vecchio manifestó que un cuerpo de seguridad especializado debería contar con “gente muy entrenada en el tema”.
Ese grupo también debería con sicólogos y trabajadores sociales porque “se le debe dar apoyo emocional a sus familiares”, refirió la titular de Seguridad Pública.
El jefe del OIJ comentó que las amenazas contra testigos son “cada vez más frecuentes”, y se dan especialmente en casos relacionados con homicidios, robo de vehículos, extorsiones, secuestros y asaltos.
Incluso, reveló que investigan el asesinato de varios testigos de causas penales.
Sin embargo, Rojas se rehusó a brindar otros detalles para no entorpecer las pesquisas.
Solo se conoce que son casos ocurridos en el 2007 y este año en San José y en Limón.
“En estos momentos, en lo que respecta a protección de testigos sólo se atienden los casos de mayor riesgo y a veces no se puede atender casos fuera del Área Metropolitana”, reconoció por su parte la fiscal, Sofía Wilson Morales, de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito de la Fiscalía. Colaboró el periodista Rónald Moya Ch.
FOTOS

Luis A. Rivera fue asesinado a balazos, el 24 de agosto pasado, en Limón, tras denunciar a un asaltante. archivo
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