Evaluar a funcionarios judiciales

Jueza Civil

Adriana Orocú Chavarría. Primera vicepresidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud)

En relación con el artículo de don Paul Rueda “Evaluación de funcionarios judiciales” , publicado en La Nación , el día primero de octubre, estimo oportuno referirme a algunas de sus apreciaciones, que quizá por la fuente, resultan erradas. Al respecto, debo aclarar que no es cierto que la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) se oponga a la evaluación; de hecho, somos los primeros llamados al cumplimiento de los lineamientos que constitucionalmente se nos imponen como funcionarios públicos.

Lo que hemos cuestionado, es que la Comisión Institucional de Evaluación de Desempeño, sin explicación de los procedimientos empleados, rehúse dar cuentas del trabajo que por más de dos años indica ha realizado, señalando que aún no hay un diseño, pero a su vez, se nos proporcionan unas matrices de evaluación y un documento base elaborado por el Jefe del Departamento de Personal y la Jefa del Departamento de Planificación, con fecha de marzo del 2007.

Objeción. Nuestra principal objeción es que no se trata de un trabajo elaborado científicamente. La teoría y práctica de la administración de proyectos en general es clara, en tanto que los “stakeholders” o poblaciones claves para el manejo y éxito de un proyecto, deben ser incluidos de forma efectiva (dígase en aspectos de representatividad y no de mera representación institucional), lo cual en este caso ha sido ausente y es lo que se ha indicado hasta la saciedad, pero que lamentablemente el mensaje no ha querido ser captado adecuadamente.

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Hemos dicho que en nuestras funciones somos sometidos constantemente a evaluaciones no solo por parte de la Inspección Judicial, sino del Departamento de Planificación, de forma mensual, trimestral, semestral y anual. Sin embargo, este no es un aspecto por el que nos neguemos a una evaluación científicamente construida, que responda a criterios de evaluación de desempeño orientados a la consecución de resultados objetivos de la organización judicial.

Sabemos que nuestro Poder Judicial tiene el compromiso, adquirido por el señor magistrado presidente, don Luis Paulino Mora Mora, en la reunión de presidentes de Cortes de Iberoamérica en el año 2002, de implementar un plan de evaluación de desempeño para todo el aparato judicial, y estamos en la mejor disposición de colaborar en esa construcción. De manera que en el 2005, Acojud presentó al señor presidente de la Corte y a la Asamblea Legislativa, un proyecto de reforma a la Carrera Judicial, en que claramente se contempla la necesidad de esa evaluación del trabajo de las juezas y de los jueces.

En ese documento se establecen atribuciones rectoras en ese campo al Consejo de la Judicatura para cumplir con ese cometido. Para ello debe existir un cúmulo de normas jurídicas, objetivas, públicas e inclusivas, acorde con las políticas de equidad de género implementadas en la Institución, que garantice el respeto de los principios constitucionales del ejercicio de la función jurisdiccional, lo que obvia el plan que don Paul comenta y que al parecer desconoce.

Otras evaluaciones. Aparte de la evaluación del desempeño de los jueces con criterios claros y adecuadas, abogamos por que también se vuelva a evaluar al personal administrativo y al resto de los servidores judiciales, entre ellos a los fiscales, defensores públicos, nueva clase gerencial, inspección judicial, letrados y magistrados (como jueces que son), funcionarios que el proyecto que lidera el magistrado Vega Robert deja por fuera, y así se ha hecho de conocimiento público.

El argumento de la necesidad de que las reglas de evaluación sean claras y objetivas no es nuevo. Se sustenta en múltiples estudios, como por ejemplo los aportados por el CEJA (Centro de Estudios Jurídicos de las Américas), los que indican que cualquier criterio subjetivo, atenta contra la independencia y dignidad del juez (Se puede consultar la dirección electrónica www.cejamericas.org/doc/documentos/eval_desempeno.pdf ).

No existe falta de voluntad de la Acojud, sino falta de franco diálogo de los líderes del proyecto objeto de nuestra crítica, que es distinto. Don Paul, a usted, como letrado, ¿con qué reglas le parece que debería ser evaluado?