No solo la ley

 Solo con mayores sanciones será muy difícil mejorar nuestra seguridad vial

 El verdadero aporte de la reforma legal dependerá de muchos otros factores

Hay una serie de aspectos positivos en la reforma a la Ley de Tránsito aprobada el martes en primer debate por la Asamblea Legislativa, con el voto favorable de 37 diputados y el negativo de cuatro. Pero deben tomarse en cuenta otros elementos que, sin ser negativos en sí mismos, necesitarán urgente atención para que las intenciones que han animado los cambios se conviertan en realidad y, así, nuestras calles y carreteras dejen de ser el campo de batalla en que han llegado a convertirse.

El origen de la reforma es uno de los aspectos a destacar. Los diputados de la mayoría de los partidos y el Poder Ejecutivo actuaron ante un clamor ciudadano, con lo cual pusieron de manifiesto que los mecanismos de la democracia representativa pueden ser eficaces conductos para atender necesidades y aspiraciones sociales. Algo similar ocurre con la discusión que se está desarrollando en torno a la seguridad ciudadana.

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El nuevo articulado introduce un novedoso sistema de puntos en las licencias de conducir, que servirá de base para “deducciones” en función de las faltas o delitos cometidos. De este modo, se podrá convertir en un importante elemento de disuasión para los conductores que, hasta ahora, simplemente pagan (o no) los “partes” que les ponen, sin riesgo alguno de perder el permiso de manejar. Algo similar puede decirse del gran incremento en los montos de las multas: hasta ahora han sido casi ridículas, pero, a partir de la vigencia de la nueva ley, tendrán enorme contundencia; es decir, otro elemento disuasivo contra el descuido o la temeridad.

En torno al elevado monto de las sanciones, sin embargo, existen dos inquietudes que deben tomarse muy en cuenta. En primer lugar, hasta qué punto podrán estimular la corrupción: no es lo mismo pedir o sugerir sobornos para eludir pequeñas que grandes cantidades; en este último caso, las tentaciones y presiones para conductores y oficiales de tránsito podrán ser mucho mayores. También debe considerarse cuán eficaces, en verdad, serán las nuevas multas si, a la par de ellas, no se realizan esfuerzos administrativos, de señalización, educación y control realmente eficaces.

Está de sobra demostrado, por ejemplo, que las altas penas no necesariamente desestimulan la delincuencia si otros factores permanecen iguales. Lo mismo podría ocurrir en materia de tránsito. Es decir, a partir de ahora la necesidad de que nuestras autoridades –y también los ciudadanos que manejan– se esfuercen aún más por estimular el cumplimiento de las normas y por sancionar con eficacia su violación, se torna esencial. De lo contrario no podremos atacar eficazmente el problema y, como contraparte, podríamos estimular aún más el sentido de impunidad que tienen muchos choferes.

Todo lo anterior implica que la reforma a la ley no garantiza, por sí sola, el control de los problemas que la han animado. Apenas, bien aplicada, será una parte de la solución. Junto a ella debería aumentar (como está proyectado) el número de oficiales de tránsito, pero también su entrenamiento y control, y deberían agilizarse las leyes y mecanismos que enmarcan sus contrataciones, para poder removerlos ante la primera evidencia de corrupción. Los sistemas de prueba y otorgamiento de licencia deben ser más rigurosos y eficaces, lo cual pasa, entre otras cosas, por modificar la hipócrita ficción de los “exámenes médicos” que se venden alegremente. También se impone mejorare la educación vial y realizar un constante mantenimiento de las señales de tránsito, cuya ausencia es una causa de accidentes.

En fin, tenemos una gran tarea por delante. La aprobación de las reformas abre un buen camino que, con adecuados controles, voluntad de enmienda ante lo que no funcione y mejoras en otros ámbitos, generará positivos efectos. Pronto comenzaremos a conocer los resultados.