Defensoría pide investigar responsabilidad penal y civil en caso de acueducto
San José (Redacción). La Defensoría de los Habitantes presentó hoy una gestión ante la Contraloría General de la República para que informe sobre la eventual responsabilidad penal y civil que podría recaer sobre aquellos funcionarios públicos cuyos actos se apartaron del principio de legalidad, con motivo de la puesta en ejecución del proyecto del acueducto Sardinal.
La Defensoría planteó esta solicitud luego de que el ente contralor entregar ayer su investigación sobre la actuación de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Senara y Ministerio de Ambiente y Energía en el proyecto de acueducto.
En su informe, la Contraloría halló una serie de incumplimientos legales y técnicos para la ejecución del proyecto, cuyas privadas se paralizaron el pasado 22 de mayor por protestas de los vecinos de Sardinal.
En este sentido, la Defensoría indicó hoy en un comunicado que los hallazgos de la Contraloría coinciden con su informe sobre el caso.
“Se vuelve necesario que la Contraloría desarrolle un pronunciamiento específico sobre el régimen de responsabilidades dentro de la función pública, que pudo haber sido transgredido por aquellos funcionarios públicos que intervinieron en el proceso de aprobación y que faltaron a sus deberes públicos de fiscalización y control de las obras del acueducto así como en la firma de documentos conexos a estas”, dijo la defensora Lisbeth Quesada.
Informes señalan irregularidades
En su investigación, la Contraloría señaló fallas legales y técnicas en el proceso de construcción del acueducto.
Su estudio determinó riesgos en la carta que firmaron en marzo del 2006 los desarrolladores del acueducto con AyA para hacer la obra.
“La junta directiva no debió aceptarlo como garantía de la construcción de las obras de infraestructura del acueducto El Coco-Ocotal, hasta tanto no se modificaran éstas (las cláusulas de la carta), por cuanto se puede interpretar que se está comprometiendo a la entrega de la cantidad de agua que le corresponda a cada desarrollador según su proyecto, otorgando una ventaja indebida”, dice el informe de la Contraloría.
Al respecto, pide al AyA que exista “en lo sucesivo” un documento con el marco legal suficiente para garantizar apego a la normativa jurídica en estos proyectos.
En este sentido, la Defensoría indicó en su comunicado que sus abogados también encontraron “evidentes irregularidades técnicas y legales tales como la firma de una carta de entendimiento entre el AyA y el grupo de empresarios en ausencia de un marco legal regulatorio y en detrimento de las potestades de tutela y fiscalización del servicio público de suministro de agua potable”.
En otros temas, la Contraloría halló también que las obras se iniciaron en el 2006 sin completar los trámites para obtener la viabilidad ambiental.
Por ejemplo, la declaración jurada ambiental se entregó hasta el 21 de enero del 2008 a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Ante ello, se pidió al Ministerio de Ambiente investigar si se siguieron los procedimientos legales.
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