Iniciativa de Merino que Congreso aprobó por unanimidad
Arias impone veto a proyecto de ley de referendos ambientales
Gobierno considera que plan contiene normas contrarias a la Constitución
Empresarios celebran; diputado proponente dice que Sala IV deberá decidir
El presidente Óscar Arias vetó un proyecto de ley que los diputados habían aprobado por unanimidad para facilitar la organización de referendos vinculantes sobre decisiones que puedan tener incidencias en el ambiente.
El Gobierno consideró que hay violaciones a la Constitución Política en el texto impulsado por el legislador del Frente Amplio, José Merino, y avalado por congresistas de todos los partidos, incluido el oficialista Liberación Nacional.
El Ejecutivo quiere evitar que posibles inversiones puedan quedar a expensas de grupos opositores capaces de convocar referendos con solo el 10% del patrón electoral del distrito, cantón, provincia o país. El plan regulador de un ayuntamiento, por ejemplo, podría ser objetado en consulta popular.
Esta es la primera vez que esta Administración contradice un proyecto votado por el Congreso. El anterior veto presidencial se registró en 1999, cuando el entonces presidente, Miguel Ángel Rodríguez, rechazó por insuficiencia una legislación para castigar a lucradores con adopciones infantiles.
El veto que hizo público ayer el Gobierno, tras una fuerte presión de grupos empresariales, significa que el proyecto de “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental” debe volver a la Asamblea Legislativa.
A comisión. El texto retornará a la comisión legislativa de Ambiente, que deberá decidir si acoge el criterio de la Casa Presidencial y archiva el proyecto o si insiste en que el texto se convierta en ley, para lo cual debe ser resellado.
Para ello sería necesario que lo apoyen 38 de los 57 diputados.
En caso de que de nuevo tenga apoyo suficiente de los diputados, el proyecto ya no puede ser frenado por el Gobierno. Sí debería, sin embargo, ser revisado por la Sala Constitucional.
Así lo estipula el artículo 128 de la Constitución Política, el cual nunca ha sido aplicado desde que lo reformaron, en agosto de 1989, recordó el asesor legislativo Humberto Morales.
El objetivo del Gobierno, sin embargo, es que los legisladores tiren al basurero el proyecto de ley.
“El veto es total”, reafirmó el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, quien eludió mencionar los argumentos de inconveniencia sobre los cuales han insistido los grupos empresariales.
Para el Gobierno, el proyecto viola la Constitución porque otorga potestades electorales al Ministerio de Ambiente (Minaet) y porque podría hacer que se sometan a la voluntad popular decisiones administrativas, las cuales el artículo 105 de la Carta otorga exclusivamente al gobierno central o local.
“Reconocemos la trascendencia de la participación ciudadana, pero con límites y debidamente ordenada y autorizada en la Constitución Política”, dijo Rodrigo Arias.
El Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI), que agrupa a 26 empresas constructoras, celebró el veto presidencial, pero todavía no se da por vencedor.
“Podríamos estar tranquilos una vez que los señores diputados se den cuenta de que el veto está bien sustentado”, manifestó Enrique Egloff, director de ese grupo.
FOTOS
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Los opositores a la ley dicen que esta pone en riesgo todo tipo de proyectos de desarrollo, tanto públicos como privados. Archivo
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Las razones
Con límites
nombre: Rodrigo Arias
Cargo: Ministro de la Presidencia
“No debemos, apelando al principio democrático, llegar a extremos de admitir una sustitución de las competencias administrativas, en favor del soberano”.
A la Sala IV
nombre: José Merino
Cargo: Diputado Frente Amplio
Relación: Proponente del plan
“Rechazo este veto y espero que la ley sea enviada a la Sala IV con el apoyo de quienes lo aprobaron en forma unánime”.
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