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Heriberto González |
Profesor de Matemática
Mi hijo cursa el primer año de educación secundaria en un colegio estatal y, hace unas semanas, su profesor de matemática tuvo la brillante idea de empezar a enseñarles y permitirles el uso de la calculadora científica, tanto en clase como en los exámenes. ¿La justificación que ofreció? Muy sencilla: “Ya es tiempo”.
Cuando pienso en la justificación del profesor, me pregunto: Ya es tiempo ¿para qué?
Quizás –me imagino que piensa el profesor– ya es tiempo para que sus estudiantes dejen de usar sus mentes y empiecen a depender del uso de esa herramienta, aun para realizar operaciones tan sencillas como las de sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros; quizás ya es tiempo para que aprendan cómo evadir el aprendizaje de algoritmos y propiedades, y las reemplacen por el aprendizaje de la secuencia en que se deben presionar algunas teclas, esperando ver en una pantalla el resultado final de una operación combinada; o quizás ya es tiempo de que se unan a esos miles de estudiantes que –por decisión propia o por culpa de sus profesores– han llegado a la conclusión de que son incapaces de aprender matemática.
Tuve la experiencia de trabajar durante algún tiempo en un colegio privado en donde no se permite el uso de calculadoras científicas ni siquiera por parte de estudiantes de quinto año de secundaria. Sus profesores, todos egresados de una prestigiosa universidad estatal, se dedican día a día –con éxito– a la tarea de enseñar a sus estudiantes, la materia tal y como está pensada y diseñada por el Ministerio de Educación Pública. Ese mismo sistema es el que trato de inculcar a mi hijo todos los días, luchando contra lo que este colega hace en sus clases y siempre preguntándome cómo hacen otros padres y madres de familia.
Falta supervisión. Ahí empieza mi dilema, precedido de una gran confusión. Esta última porque no entiendo cómo es posible que el MEP avale la “enseñanza” que algunos profesores brindan a sus estudiantes en aula; ¿En dónde –me pregunto– está la supervisión que debería existir para corregir este tipo de atropellos contra el programa de enseñanza de la materia y contra los estudiantes?
¿El dilema? Muy sencillo. Al conversar con la directora y saber que el susodicho profesor lleva 13 años haciendo lo mismo en ese colegio, pese a las continuas quejas de estudiantes y padres de familia, me pregunto si la única manera de evitar que mi hijo se una a los miles de estudiantes anteriormente mencionados es buscar un cupo y matricularlo en algunos de esos poquísimos colegios del Estado cuyos estudiantes participan en torneos nacionales e internacionales de matemática o, sencillamente, ver cómo hago para pagar los –para mí imposibles– ¢200.000 mensuales que me costaría un colegio privado que enseñe bien el bendito curso.
Siendo ambas cosas tan difíciles por tratarse no solamente de mi hijo, sino de cientos o miles de estudiantes, ¿no sería mejor que el MEP hiciera algo para cambiar esta terrible realidad?
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